Un impuesto reactivo

En septiembre de 2022, poco después de ganar por mayoría absoluta, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció, en un acto organizado en Madrid por este periódico, una auténtica revolución fiscal que incluía la supresión en la práctica del Impuesto sobre el Patrimonio. El objetivo expresado por Moreno era evitar la fuga a otras comunidades, como Madrid, de los grandes contribuyentes y propiciar la inversión de capitales en el territorio. El programa expuesto por el presidente andaluz levantó un revuelo político importante y el Ministerio de Hacienda, en manos de la andaluza María Jesús Montero, improvisó un impuesto destinado a gravar las grandes fortunas en aquellas comunidades en las que no se tributara por Patrimonio. Esa figura fiscal, que fue recurrida entre otras comunidades por Madrid y por Andalucía, ha sido ahora avalada por el Tribunal Constitucional. El recurso se basaba en que el nuevo gravamen trataba simplemente de contrarrestar la medida adoptada por Andalucía y antes por Madrid y que, por lo tanto, conculcaba la autonomía para regular un impuesto cedido a las comunidades. Se establecía, según esta tesis, un impuesto reactivo con objetivos más políticos que recaudatorios. La sentencia, que se refiere sólo al recurso presentado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, pero cuya argumentación también vale para el andaluz, descarta que se haya conculcado el principio de autonomía, ya que el impuesto es “complementario” al de Patrimonio, de modo que lo satisfecho por éste se descuenta para determinar la cuota del nuevo tributo. Sin entrar a analizar la argumentación jurídica de la sentencia, adoptada por siete votos contra cuatro, es evidente que Hacienda puso en marcha la nueva figura para vaciar de contenido una medida que la Junta había adoptado en pleno uso de sus competencias. Se trató pues de un episodio más de enfrentamiento entre administraciones de diferente signo, con todo lo que ello conlleva de inseguridad en un campo tan sensible como la política fiscal.