Editorial
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El reciente informe de la Agencia Tributaria sobre Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias 2021 ha hecho saltar las alarmas. Por primera vez desde que se registran datos estadísticos, una región -Asturias- computó un mayor número de pensionistas que de trabajadores en activo. En concreto, 596 jubilados más. La tasa nacional de dependencia, que resulta de la división de ambos factores, tampoco era excesivamente halagüeña: el cociente favorable a los empleados era de 1,615. La positiva evolución del mercado laboral durante el presente año ha mejorado ese dato. Hace algunos meses que España superó la barrera de los veinte millones de ocupados. Al terminar junio, por ejemplo, el promedio de cotizantes por pensionista fue de 2,2, similar al de Andalucía. Aunque su distribución por provincias fue muy desigual. Del 3,01 de Almería al 1,75 de Jaén. Con Málaga con el segundo mejor dato, 2,66, y Cádiz en el penúltimo lugar, 1,91, según el informe de la Seguridad Social. Pero la Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre de este año también evidencia que no hay demasiados motivos para el optimismo. Frente a un 46% de mayores de 16 años ocupados hay casi un 54% de inactivos y parados. El envejecimiento demográfico y la despoblación son algunos de los elementos que más inciden en la actual realidad laboral. No son problemas exclusivos del norte del país, donde el ejemplo de Asturias o algunas provincias gallegas destacan. El padrón de Andalucía crece. Además, es la quinta comunidad de España con menor número de mayores de 55 años. Son oportunidades que deben aprovecharse. Pero los movimientos desde las zonas y provincias del interior hacia las costas son constantes, con grave perjuicio para las primeras. La labor correctora de la Administración debe encaminarse para suplir esa corriente con proyectos atractivos que busquen compensar los desequilibrios.
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