Dentro de dos domingos los gallegos están llamados a las urnas para decidir la gobernación de su comunidad autónoma durante los próximos cuatro años. Pero una vez más –en España se ha convertido en algo más que una costumbre– las cuestiones autonómicas o locales quedan en un segundo plano arrolladas por la crispada política nacional. Galicia se convierte durante estas semanas en el escenario del pulso entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo y en los actos de campaña se habla más de la amnistía a Carles Puigdemont que de los problemas, que no son pocos, de la sanidad pública gallega o de la contaminación de sus costas. Cualquier observador imparcial sacaría la conclusión de que lo más importante que se dilucida el 18 de febrero es el futuro político de Núñez Feijóo. Si el PP consolida la mayoría absoluta de la que goza en la actualidad se considerará un triunfo del líder nacional y si la pierde sufrirá una derrota sin paliativos que hará peligrar su puesto en la sede de la calle Génova de Madrid. Los candidatos locales quedan desdibujados y sus propuestas, tapadas. Esta es una de las características más inquietantes de la actual política española. La tensión nacional lo inunda todo y, hasta cierto punto, se hurta a los ciudadanos la discusión de los problemas que más les afectan. Volverá a pasar, corregido y aumentado, dentro de unos meses con las elecciones europeas. Es una consecuencia directa de la falta de calidad del debate. Durante los últimos años se ha profundizado en la brecha que separa a los dos grandes partidos del país y eso ha propiciado una peligrosa polarización que lo ocupa todo. Lo que se juegan los gallegos en estos comicios debería ser lo suficientemente importante para que la bronca nacional dejase paso, siquiera dos semanas, a la discusión de sus problemas. Ese, y no otro, es el objetivo para el que se convocan las elecciones.