El mero despliegue policial que se hizo necesario el jueves y el viernes pasados en Barcelona mientras el Gobierno mantuvo una reunión con apariencia de cumbre bilateral con el Govern y celebró un Consejo de Ministros da idea de que la política de desinflamación que está aplicando este Ejecutivo, nacido de una moción de censura que contó con el apoyo de los grupos políticos independentistas, no funciona. Y si añadimos que ese despligue policial no sólo ha sido simbólico, sino imprescindible para contener a los denominados Comités de Defensa de la República (CDR), el balance aún es más paupérrimo. Porque los Mossos han tenido que emplear la fuerza en los choques con estos grupos de alborotadores, que llegaron a paralizar la Ciudad Condal. Compartimos la idea de que llevar de tanto en tanto el Consejo de Ministros a ubicaciones distintas de la propia del Palacio de La Moncloa en Madrid es positivo, pero ha de hacerse en un clima de normalidad y seguridad, como ocurrió en Sevilla a finales de noviembre. No ha sido así en Barcelona. Antes al contrario, la impronta del Gabinete de Pedro Sánchez sale aún más deteriorada de lo que llegó, pese a que algunas de las medidas aprobadas tendrán efectos positivos tangibles para sectores de la población, singularmente la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros (aunque está por ver si afecta al conjunto del empleo) y la subida de emolumentos a los trabajadores públicos en un 2,25%. El crédito del Ejecutivo estatal sale aún más disminuido porque el independentismo logró que se visualizase unas atenciones más propias de un Estado que de una autonomía. La mera comparación con lo ocurrido un mes antes con la Junta de Andalucía lo atestigua y destaca el error. Ya dijimos hace unas horas que Sánchez parece no haber entendido bien el resultado electoral andaluz y la incidencia en el mismo de su política catalana, que se empecina en mantener. Pero es aún menos entendible cuando tiene que reunir a sus ministros como un Gobierno sitiado.