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Desde las últimas elecciones autonómicas hemos vivido acontecimientos sin precedentes que han cambiado lo que conocíamos hasta ahora. La crisis originada por la Covid-19 primero y la guerra en Ucrania, después, han recrudecido los efectos de la pobreza, la exclusión social y las desigualdades, especialmente entre las familias con hijos. Una vez más, son nuestros niños y niñas los más afectados.
Con este contexto de alcance mundial, no podemos seguir demorando un compromiso político, social y económico real y de efecto inmediato con nuestros niños, niñas y adolescentes. Un compromiso con los derechos humanos que afecta al modelo de Andalucía que queremos.
Ese compromiso pasa, primordialmente, por consensuar una mayor y mejor inversión para la infancia, fijando mínimos a cumplir y evaluando su impacto. No solo por los alarmantes datos de pobreza infantil que presenta Andalucía desde hace años, sino también porque tener hijos se está convirtiendo en un factor de riesgo y de desprotección. Las familias con hijos a cargo sufren, en mayor medida, la falta de oportunidades profesionales, el empeoramiento de las condiciones laborales y los problemas en el acceso a la vivienda, especialmente las monoparentales (encabezadas, en más de un 80%, por mujeres). Por ello, esa inversión debe dirigirse también a un modelo de protección social que ponga a la infancia en el centro, que procure el mantenimiento de empleo e ingresos de las familias, el acceso a una vivienda digna y servicios de conciliación.
Otra de las grandes deudas que tenemos con nuestra infancia, como sociedad, es su protección ante toda forma de violencia. Esta debe materializarse a través de la generación de entornos seguros y protectores que otorguen seguridad física y emocional, con profesionales formados y que impliquen la participación de todos, menores de edad y personas adultas. La participación es un factor fundamental para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes y constituye, además, una herramienta de autoprotección, ya que aquellos que están acostumbrados a manifestar sus opiniones y saben que éstas son tomadas en cuenta, tienen más facilidad a la hora de denunciar malos tratos o abusos.
Insistimos en poner el foco en los problemas de salud mental que sufren nuestros niños y adolescentes. Desde la pandemia, se ha confirmado un alarmante aumento de las urgencias psiquiátricas, trastornos de conducta alimentaria, de ansiedad, obsesivo-compulsivos, depresión, autolesiones e intentos de suicidio en adolescentes. De hecho, se ha constatado el incremento, en 2020, de los suicidios en el rango de edad de 10 a 14 años. Además de un plan específico de salud mental, es urgente la dotación de profesionales en atención primaria, garantizando la coordinación de la red de salud mental comunitaria e infanto-juvenil con otros sistemas. Y, en paralelo, prestar importancia a la percepción y conversación pública sobre la salud mental, combatiendo la discriminación y el estigma.
La pandemia también nos ha recordado que el derecho a la educación es un pilar para garantizar el bienestar de niños, niñas y jóvenes. Nos deja el reto de lograr que la innovación educativa sea una realidad en los métodos de aprendizaje y en la gestión de los propios centros y la necesidad de realizar un seguimiento continuado a las familias más vulnerables, reforzando la enseñanza online. No podemos, al mismo tiempo, descuidar la formación y protección ante los riesgos que suponen las tecnologías de la relación, la información y la comunicación.
Andalucía debe dar un paso al frente y situarse en la primera línea de defensa de los derechos de nuestra infancia y nuestra adolescencia. De toda ella, proceda de donde proceda. Actualmente, el sistema de protección de nuestra región tiene unos 2.300 niños y niñas en acogimiento residencial y más de 2.500 en acogimiento familiar. Niños y niñas que han sufrido situaciones adversas y necesitan un apoyo especializado, emocional y técnico. Los jóvenes migrantes no acompañados, que llegan solos a nuestra tierra, sin referentes, necesitan acogida, protección y un sostén para encontrar su futuro laboral, como cualquier persona de su edad.
Toda la infancia, cada infancia, necesita una política pública inteligente y creativa al servicio de un proyecto de Andalucía que sea ambicioso y combativo socialmente. Nunca antes habíamos necesitado tanto este compromiso colectivo.
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