Frenar la inflación

Los problemas económicos son los que más preocupan a los españoles según el último barómetro del CIS. Y entre estos destaca la inflación, por su influencia en otras variables y por su elevado crecimiento: el IPC aumentó un 10,8% en el mes de julio, el más elevado en 38 años.

La inflación es un grave problema por las distorsiones que genera en la economía, entre las que destaca la inseguridad en los agentes económicos, lo que limita la inversión, provoca ineficiencias asignativas y, a medio plazo, por la contracción de la economía y del empleo. Es por ello por lo que desde hace décadas la lucha contra la inflación ha sido el objetivo fundamental de los bancos centrales. El éxito de estas instituciones en las tres últimas décadas ha llevado la inflación a valores próximos a cero, por lo se creía que era un problema superado en las economías desarrolladas.

Sin embargo, de forma inesperada, la inflación reapareció en 2021 en el escenario mundial por las restricciones en suministros básicos provocados por la pandemia, que se intensificó desde el verano de 2021 como consecuencia del aumento de la demanda mundial, y se agudizó este año con la guerra de Ucrania por el encarecimiento del petróleo, del gas natural y otras materias primas, a la vez que el ahorro embalsado y el alto nivel de empleo ha seguido tirando de la demanda.

El aumento de los precios de la energía, algunas materias primas y componentes electrónicos se fue trasladando a todo el sistema económico en los últimos meses provocando una dinámica inflacionista en la que los agentes anticipan subidas de precios ante las previsiones de un aumento continuado de la inflación, con un desenlace que puede ser muy difícil de atajar. Es por ello por lo que los bancos centrales (con un notable retraso por el miedo a frenar la recuperación) decidieron elevar los tipos de interés gradualmente.

Además de a los bancos centrales, a los gobiernos nacionales también se les pide que adopten medidas antiinflacionistas, como pueden ser políticas fiscales restrictivas o políticas de reforma. En el primer caso es prácticamente imposible que en el actual contexto económico y político un gobierno como el español decida frenar el gasto público o aumentar los impuestos para frenar la demanda, por lo que algunas de las medidas adoptadas, como la subvención de los carburantes, no solo no han frenado la inflación, sino que la intensifican al limitar la contención de la demanda por la subida de los precios. Por otra parte, a pesar de que nuestra dependencia del gas ruso es menor que en la mayoría de los países europeos, de que disponemos de una relativamente alta potencia instalada de energías renovables y una base agroalimentaria más consistente que en otros países europeos, la inflación es casi dos puntos más elevada en España que en la media de la eurozona, lo que pone de manifiesto que nuestros mercados se ajustan menos eficientemente a los shocks externos, por lo que se hacen necesarias reformas para su mejor funcionamiento.

En las últimas semanas se observan signos de positivos para la inflación, como el notable descenso del precio del petróleo, de otras materias primas y de los fletes, lo que hace prever que nos aproximamos a un posible pico inflacionario, más cercanos en Estados Unidos que en Europa, donde el aumento de los precios del gas natural, la inseguridad por la guerra de Ucrania, la sequía y el encarecimiento de importaciones por la debilidad del euro frente al dólar introducen riesgos adicionales. Por tanto, seguiremos viviendo con elevados niveles de inflación hasta finales de año, y cuanto más dure ese repunte, mayores son los riesgos de una espiral de precios y salarios.

En consecuencia, la política antiinflacionista se hace muy necesaria, y la política más recomendable para enfrentarse a un shock externo inflacionista que afecta al conjunto del país es una política de rentas que reparta razonablemente ese empobrecimiento relativo entre distintos tipos de rentas (salarios, beneficios empresariales, transferencias públicas, rentas de capital). Una política de rentas viable exigiría un acuerdo nacional entre las principales fuerzas políticas y los agentes sociales, pero esta posibilidad es una quimera en el actual contexto político español.

Modestamente los ciudadanos podemos contribuir a frenar la inflación como perceptores de rentas (sean salarios, pensiones o beneficios empresariales) no extremando nuestras pretensiones de aumentos de renta a niveles semejantes a la inflación, pues el origen de esta es fundamentalmente externo y empobrece al conjunto del país. Y como consumidores también podemos contribuir seleccionando en nuestras compras de bienes y servicios a los oferentes menos inflacionistas