Manual de resistencia

Ya no nos queda otra opción. Sólo resistir. Resistir la degradación de la democracia impulsada por nuestro supremo dirigente, tal como argumentaron en 2018 los americanos Levitsky y Ziblatt. Resistir el desmantelamiento de nuestro Estado de Derecho, sometiendo a los jueces al bochorno bolivariano y degradante del lawfare. Resistir frente a los nuevos privilegios para los ya privilegiados. Resistir un nuevo relato plagado de mentiras y de fakes.

Porque no es cierto que rechazar las pretensiones soberanistas de las minorías independentistas sea un “conflicto político”; al contrario, se trata de un legítimo rechazo a unos egoísmos colectivos que no tienen cabida en nuestra Constitución: una defensa de la igualdad proclamada en nuestra norma suprema.

No es cierto que la amnistía quepa plenamente en una Constitución que prohíbe expresamente los indultos generales. Ni es cierto que nuestro ordenamiento y el derecho comparado estén plagados de innumerables casos de amnistías, ni es más que pura farfolla retórica traer a colación datos anecdóticos, como el reglamento disciplinario de ciertos cuerpos de funcionarios. Como tampoco es cierto que lo que la Constitución no admite valga sólo para el ejecutivo (que es el que aprueba los indultos) pero no para el legislativo (que aprueba la amnistía): la Constitución nos vincula a todos y limita por igual al legislativo y al ejecutivo. Tan prohibido queda establecer en España la esclavitud a través de un decreto gubernamental como a través de una ley orgánica de las Cortes Generales.

No es cierto tampoco que se trate de una nueva concreción del conflicto ideológico izquierda/derecha. Porque en Italia sucede justo a la inversa: han sido las fuerzas de la derecha las que han intentado apostar por la asimetría territorial y ha sido la izquierda la que ha defendido la Constitución con sus valores de solidaridad e igualdad, como se demostró en el referéndum de junio de 2005. La ideología de izquierda no defiende la desigualdad ni los privilegios territoriales, salvo en el caso único y excepcional de España.

Seguramente todo se debe a que durante años hemos adorado a un becerro de oro llamado gobernabilidad, al que hemos atribuido todas las virtudes divinas y al que hemos sacrificado hasta los mismos valores constitucionales. Y todavía hoy seguimos prendidos del error de considerar gobernabilidad a la estabilidad del ejecutivo y no a la estabilidad del sistema. Y ahora, por salvar a esa equívoca gobernabilidad estamos dispuestos, al parecer, hasta a sacrificar los mismos valores constitucionales y el Estado de derecho. Salvemos al timonel y dejemos que la nave se hunda. Y tranquilos que, si al final nos hundimos todos, nuestro supremo dirigente no dejará de derramar a raudales el maná del bienestar social, la satisfacción del reencuentro y la concordia. Ya tenemos candidato a premio Nobel de la paz.

Y ahora, cuando la nave comienza a hacer agua de verdad, es cuando descubrimos que la cuestión de quién gobierne es puramente anecdótica, que el investido sea Sánchez o Feijóo es en el fondo algo secundario; lo importante al final es la fortaleza del sistema, de sus mecanismos de garantía, de sus instrumentos de control.

Y si nos preguntamos qué hemos hecho para merecer esto, la respuesta está clara: tener a un presidente que considera su sillón como el bien más preciado del mundo. Es un proceso que comenzó ya hace tiempo: cuando el flamante presidente por accidente llamado Rodríguez Zapatero prometió que respetaría lo que se aprobara en el Parlamento de Cataluña para mantenerse en el poder. Y lo peor fue que los pardillos independentistas se lo creyeron. Por eso no aceptaron la tímida sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 (tímida porque era en lo fundamental una sentencia interpretativa) y decidieron montar el cirio.

Ahora nos dicen que no es cierto que en realidad quieran mantener y reforzar sus privilegios territoriales ya conquistados durante la Transición; que no siguen una filosofía supremacista allí donde resuenan los ecos de la Alemania de los años treinta; que no es cierto que pretendan la destrucción del Estado mediante una declaración unilateral de independencia. Hasta nos enseñan que lo que quieren es una mejor convivencia, un reencuentro, una armonía. Por eso consideran que es justo que les paguemos lo que llaman su deuda, que les demos nuevos privilegios injustificados, que sean por fin ciudadanos superiores al resto.

Y por eso, si todavía somos tan ilusos como para creer en los valores constitucionales, a los ciudadanos de a pie sólo nos queda resistir. Resistir en las calles, en los despachos, resistir desde el fondo de nuestros corazones. Resistir por justicia y por dignidad. Resistir por defender valores que en otros tiempos fueron el patrimonio de la izquierda. Resistir por pretender vivir pacíficamente en un país llamado España.