Sánchez debería reconocer su fracaso

Tras perder la Secretaría General del PSOE a mediados de 2016, Pedro Sánchez puso en marcha una estrategia que, primero, le hizo volver al poder en el partido y luego se esforzó en recuperar el terreno que, inicialmente, le había comido el primer Podemos con el mensaje populista surgido del 15-M. La recuperación de la crisis de final de la década anterior facilitó esta tarea, mientras que, por su derecha, la incapacidad de los dirigentes de Ciudadanos, le hizo ganar también algo de espacio. Igualmente, los numerosos casos de corrupción del PP le favorecieron la tarea de presentar una moción de censura al gobierno de este partido, que ganó de acuerdo con varios partidos nacionalistas y regionalistas, concediendo prebendas a todos ellos y, tras alguna resistencia, cediendo a la entrada de Podemos en el Gobierno.

Para entonces, el apoyo del PSOE a la aplicación del artículo 155 de la Constitución tras el golpe institucional de la Generalitat en septiembre-octubre de 2017 se había trocado en una política de apaciguamiento, propiciando así el acuerdo con ERC, que había decidido cambiar su estrategia anterior de proclamar la independencia unilateralmente por la de convencer a más sectores de la ciudadanía catalana. En la búsqueda del apoyo a Sánchez de todos los grupos nacionalistas, el discurso del PSOE sobre la estructura del Estado se modificó y nació la plurinacionalidad, algo que no estaba en la Declaración de Granada, de julio de 2013, que es la única aprobada por el conjunto del partido, ya que una posterior de Barcelona salió del acuerdo del PSC con el por entonces candidato Pedro Sánchez a volver a la Secretaría General, pero no cuenta con el aval explícito de las federaciones territoriales.

La legislatura de 2019 se inició, pues, con una minoría de gobierno del PSOE y Podemos con solo unos pocos diputados de ventaja sobre la derecha y el centro políticos, por lo que le fue necesario a Pedro Sánchez recurrir al apoyo de los partidos nacionalistas periféricos, incluidos los herederos de ETA.

Haciendo una interpretación benevolente de lo ocurrido, incluso cercana a la que hace el presidente del Gobierno aún en funciones, puede decirse que se aplicó en esa legislatura una estrategia, nunca planteada como tal, para hacer posible la vuelta de ERC y Junts a la situación anterior a los hechos del intento de desconexión de 2017. Sin resultados prácticos, pero también con cesiones del Gobierno cada vez más difíciles de aceptar, como la aprobación de los indultos y los cambios para despenalizar sedición y malversación. Todo ello llevó a una nueva pérdida de electorado del PSOE, que, el 23-J, solo consiguió salvar la mayoría que ha establecido con todo el arco nacionalista e izquierdista exagerando el peligro de acceso de Vox al gobierno en alianza con el PP.

No hace falta que se diga cuál es la situación tras las exigencias de máximos de Junts que Pedro Sánchez, en vez de rechazar con claridad, se aprestó a negociar. La suma de los acuerdos con PNV, ERC y Junts recogen un conjunto de cesiones conocidas que no excluyen otras (referéndum de autodeterminación), la exigencia de un nuevo tiempo constitucional en clave confederal y otras que, en algún caso, entran en colisión con la independencia del poder judicial o se someten a lo que apruebe el Parlament de Cataluña en vez de a la Constitución.

De esa forma, lo que ha originado la estrategia de Pedro Sánchez en todo este proceso es una crisis descomunal en el país, enfrentándose a casi toda la judicatura, a casi todas las organizaciones sindicales representativas de las fuerzas de seguridad, a todos los partidos constitucionalistas incluso de las comunidades territoriales, por mucho que alguno de éstos le apoye en la investidura pero no en la amnistía, a las organizaciones empresariales, a las administraciones autonómicas, a las entidades de abogados y profesionales del Derecho, etc. Sánchez debería comprender esto porque la ciudadanía y, en especial las asociaciones que agrupan al poder judicial, que se han visto sometidas a descalificación por parte de los secesionistas, siguen sin encontrar ni en el texto de los acuerdos ni en el preámbulo de la amnistía elementos que den lugar a pensar que esas tensiones no van a seguir estando presentes en el proceloso trayecto que se augura en el inmediato futuro.

Por mucha buena voluntad que se le ponga en la interpretación, es evidente que el problema no entra en vías de más sensatez por parte de los independentistas, por lo que Sánchez debió de entender en algún momento de estos convulsos últimos días que su estrategia ha fracasado y que debería ser reseteada. Que pueda hacerlo, es otra cosa.