Una misión para comprender la frontera sur

Una delegación del Parlamento Europeo viajará al sur de España del 26 al 28 de mayo. Los parlamentarios visitarán las localidades gaditanas de Barbate y de Algeciras para evaluar el alcance de la amenaza del narcotráfico. Es una misión decisiva para que Europa comprenda que la frontera sur no es sólo una línea geográfica, sino un frente de violencia y riesgo donde los guardias civiles nos enfrentamos a bandas cada vez más organizadas, peligrosas y tecnológicamente avanzadas.

En esa agenda estaba prevista una reunión con las viudas de nuestros compañeros asesinados. Su voz, su testimonio, es el más valioso para entender lo que pasa a pie de muelle. Sin embargo, la eurodiputada del PSOE Sandra Gómez votó en contra de que esa cita tuviera lugar. Una decisión incomprensible, insensible e indignante.

No hay justificación para silenciar a quienes más han sufrido. Su negativa representa una alarmante desconexión entre quienes legislan y quienes patrullan. Y si la sospecha de las condiciones en que murieron nuestros compañeros ha influido en esta censura, la gravedad del gesto es aún mayor. Negarse a escuchar a las viudas de Barbate es negarse a entender lo que ocurre en la frontera sur de Europa.

El 9 de febrero de 2024, dos compañeros guardias civiles, Miguel Ángel González Gómez y David Pérez Carracedo, fueron asesinados en la bocana del puerto de Barbate al ser embestida la embarcación en la que realizaban tareas contra el narcotráfico por una potente narcolancha. Una operación policial rutinaria se convirtió en una tragedia por culpa del desprecio absoluto de los criminales hacia la vida humana… y por la crónica escasez de medios con los que operamos los guardias civiles en el Campo de Gibraltar.

Independientes de la Guardia Civil (IGC) asumió entonces un compromiso firme: justicia para nuestros compañeros, protección para quienes patrullan esa frontera invisible contra el narcotráfico y, sobre todo, memoria. No puede repetirse una noche como aquella.

La reciente detención del cuarto implicado en el asesinato, Abdennour El Hichou, es más que una noticia judicial: es una victoria de la Justicia y una demostración de que en este país no hay lugar para la impunidad. Con todos los presuntos responsables localizados y procesados, se abre la posibilidad de que los tribunales impongan penas proporcionales al daño causado, incluso la prisión permanente revisable si se confirma la intencionalidad del acto.

En IGC no concebimos justicia sin verdad, ni verdad sin consecuencias. La investigación ha permitido confirmar que esa noche nuestros compañeros carecían de los medios adecuados y patrullaban en condiciones de alto riesgo. Las responsabilidades no terminan con los tripulantes de la narcolancha. La dejación institucional, la precariedad de recursos y la falta de voluntad política también matan.

Barbate, Algeciras, La Línea, San Roque… son nombres de una línea de frente. Y no es una metáfora. En el Campo de Gibraltar la Guardia Civil opera con medios insuficientes, plantillas menguadas y embarcaciones obsoletas para enfrentarse a delincuentes que manejan potentes narcolanchas y redes internacionales.

IGC, en nombre de los integrantes de esta asociación profesional de guardias civiles, lleva años denunciándolo. Lo ocurrido en Barbate no fue un accidente, fue una tragedia anunciada. Lo será también el próximo episodio si no se adoptan de inmediato decisiones estructurales que entendemos urgentes y necesarias:

· Reconocimiento de los guardias civiles como profesión de riesgo

· Declaración del Campo de Gibraltar como Zona de Especial Singularidad.

· Refuerzo inmediato de medios técnicos, embarcaciones y efectivos.

· Mejora de protocolos, formación y condiciones operativas.

· Apoyo psicológico efectivo y asistencia continua al personal desplegado.

El narcotráfico no se combate con buenas intenciones ni con medallas entregadas a título póstumo: se combate con recursos, respeto y respaldo.

Una de las viudas rechazó recibir la condecoración del mérito de manos del ministro del Interior. Entendemos su dolor, su frustración y su hartazgo. Las medallas no blindan a nuestros compañeros en el agua. En IGC seguiremos luchando por la memoria de Miguel Ángel y David. Por sus familias. Por sus compañeros. Y por una Guardia Civil digna, valorada y protegida. Reivindicamos justicia como garantía de futuro. La misión europea debe marcar un antes y un después en la política de seguridad en el sur de España. No pedimos favores: exigimos lo justo.