En torno al día después de las elecciones

Estimado lector, es posible que ya haya leído alguno de mis artículos publicados en esta misma tribuna. Habitualmente analizo en ellos algunos aspectos de la economía y sus tendencias, que es el área de conocimiento en la que trabajo y en la que me siento con seguridad para dar a conocer mi análisis y mi opinión. Pero en esta ocasión lo que sigue es una reflexión política, y he de anticipar mis excusas porque no soy experto en tal materia y porque contravengo la afirmación que he hecho en más de una ocasión: me interesan las políticas públicas, no la política. Acepto, claro, que mi excusatio se tome como accusatio manifesta.

Según proclaman todos los políticos, la razón de su actividad es defender los intereses generales de los ciudadanos, cada uno con sus ideas (prestadas, generalmente) para gestionar los asuntos colectivos; que las desarrollarán definiendo el marco regulatorio; definiendo y gestionando el presupuesto y los servicios públicos; y tomando las decisiones en el ámbito que les corresponden. Y como no todos los políticos tienen los mismos proyectos, en el marco del Parlamento tratarán de aproximar sus posiciones para que las leyes, los planes, y los presupuestos se acerquen a lo que, según interpretan, le interesa a la mayoría de los ciudadanos. Así ocurre en instituciones tan democráticas como las europeas. En el Parlamento europeo, las normas suelen estar apoyadas por amplias mayorías de partidos políticos de 27 países diferentes y de orientaciones políticas diversas. Igualmente, en la Comisión Europea, comisarios de diferentes procedencias políticas y nacionales acuerdan decisiones en asuntos políticos de una gran diversidad temática con decisiones compartidas.

En España, sin embargo, el interés partitocrático, e incluso personal de algunos políticos, suele predominar sobre los intereses colectivos. Tenemos ejemplos diarios, pero el más trágico de la joven democracia española quizá sea el que se produjo hace pocos años. Con la crisis de 2008 y el desencanto político surgieron nuevas formaciones en la izquierda y en el centro del espectro político con proyectos regeneracionistas. En particular, el ascenso de Ciudadanos ofrecía la posibilidad de un partido bisagra que podría gobernar con el Partido Popular o el Partido Socialista, limitándoles motivaciones partidistas e introduciendo condicionamientos reformistas en la gestión del gobierno. Pero, como sabemos, la ambición personal de un joven dirigente, quizá algo inconsciente, abortó un sistema de equilibrio político que será difícil de recuperar en muchos años.

Con un referente como el europeo, imagino un funcionamiento posible y razonable de una democracia avanzada en el futuro, aunque siempre será imperfecta. Si de una forma simplificada los electores expresan su posición en términos de valores del cero al diez según se sitúen más a la izquierda o la derecha, la representación de estos valores adoptaría la forma de una distribución normal, la conocida campana de Gauss, en la que muy probablemente la inmensa mayoría se encontraría entre los valores 4 y 6. Siendo así, sería razonable que los gobernantes hiciesen políticas acordes con las posiciones centradas de la mayoría del electorado, si bien el campo de disidencia es amplio porque las opciones de políticas públicas no se mueven en una linealidad del cero al 10 o de izquierda a derecha, sino con opciones más complejas. No obstante, los partidos pueden buscar acuerdos en cada decisión, sobre la base de la mayoría de los representantes y sin despreciar las propuestas de partidos no mayoritarios. Lo que parece menos razonable es que para gobernar se escoren los acuerdos con partidos de extrema derecha o extrema izquierda, dejando fuera de representación cerca de la mitad de la población.

Es por ello por lo que no puedo comprender que el Partido Socialista de Andalucía descarte abstenerse en la investidura del candidato del Partido Popular si, como parece previsible, este obtuviese una mayoría amplia de votos y escaños, pero sin alcanzar los 55 exigidos para la mayoría absoluta. Esta opción socialista persigue obligar a un pacto con Vox, con el único objetivo de que se cumpla su profecía y el Gobierno fracase en los próximos cuatro años -o mejor cuanto antes-, aún a costa de condenar a la mayoría de los andaluces a un Gobierno no deseado y fortalecer un partido como Vox. Lo paradójico, además, es el grado de semejanza de los programas, y aún más de la gobernanza, del Partido Popular en esta legislatura con las anteriores presididas por el Partido Socialista, aunque existan diferencias que han sido magnificadas. Por ello, lo más razonable y elegante sería hacer posible el Gobierno de la lista más votada si lo fuese por amplia mayoría. Esto no debe de confundirse con un cheque en blanco, pues a lo largo de la legislatura se presentarán múltiples ocasiones para influir y negociar leyes, planes y acciones de gobierno, o para elevar proposiciones propias.