El Congreso mantiene congeladas un total de 25 leyes procedentes de decretos leyes aprobados por el Gobierno y que, tras ser convalidados, los grupos forzaron que se tramitaran como proyectos de ley para poder introducir cambios. Pese a que todas ellas formalmente se tramitan por el procedimiento de urgencia, cinco de ellas llevan hibernando desde 2020, una decena desde 2021 y otras tantas desde 2022. Y todo a seis meses de la disolución de la Cámara.

Todas ellas permanecen en el cajón de las iniciativas paralizadas porque la Mesa del Congreso, donde el PSOE y Unidas Podemos suman mayoría frente a PP y Vox, no pone fin a los plazos para la presentación de enmiendas.

La Mesa de la Cámara Baja extiende algunos plazos de enmiendas hasta los tres años

Gran parte de decretos leyes reconvertidos en proyectos de ley que están pendientes contienen medidas urgentes de apoyo a distintos sectores puestas en marcha con motivo de la pandemia, incluido el llamado escudo social y sus prórrogas. Todas ellas están en vigor porque fueron convalidadas en su momento, pero está por ver si finalmente los grupos podrán modificarlas.

El más longevo acumula ya 34 meses de olvido. Se trata de un proyecto de ley de julio de 2020 con medidas para hacer frente al impacto del Covid en el sector del transporte y la hostelería.

Dos años y medio de parón suman ya otros cuatro decretos transformados en proyectos de ley destinados apoyar al turismo y el comercio, a hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social en materia de vivienda y transportes, a modernizar la Administración Pública o a activar instrumentos de adaptación al Brexit.

Los decretos que llevan varados desde 2021 versan sobre medidas sociales en defensa del empleo, reducción de la brecha de género, apoyo a empresas y autónomos por el Covid, otras medidas sociales por la pandemia, la trasposición de directivas europeas sobre diversos temas, la reforma del impuesto de plusvalías, el fomento de la movilidad eléctrica y el autoconsumo y hasta una de las ampliaciones del estado de alarma.

En vigor desde 2022, pero esperando a ser modificados en el Congreso, hay otros diez decretos. Año y medio lleva ampliándose el plazo para registrar enmiendas para modificar asuntos relativos a los servicios de inversión y gestión de activos de la reestructuración bancaria.

El que contiene medidas urgentes de apoyo al sector agrario por la sequía suma ya 14 meses durmiendo el sueño de los justos, igual que el de medidas urgentes para paliar las consecuencias sociales económicas de la guerra en Ucrania, algunas de las cuales se han ido prorrogando en decretos posteriores que a su vez están en la misma situación de stand by.

En este paquete del año pasado figuran también un decreto con medidas especiales para La Palma tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja, el que fija la nueva cotización para autónomos, el relativo a la mejora de condiciones de las trabajadoras al servicio del hogar y otro que engloba medidas para consumidores de gas natural, retribuciones de empleados públicos y hasta protección para agricultores por la sequía.

Los decretos leyes convertidos este año en proyectos de ley que aún no han arrancado su tramitación efectiva en la Cámara Baja versan sobre incentivos a la contratación y mejora de la protección social de los artistas y la reforma de la pensiones.

A estas 25 leyes urgentes que están hibernando en la Cámara hay que sumar otra que también se tramita por el procedimiento abreviado pero que no tiene origen en un decreto-ley. Se trata del proyecto de ley del cine y la cultura audiovisual que el Pleno aceptó discutir el pasado mes de enero.

Además, hay otras cuatro leyes a las que no se ha considerado urgentes y que tampoco acaban de arrancar su tramitación. La más antigua es el proyecto de ley de Seguridad Nacional, que acumula ampliaciones para presentar enmienda parciales desde hace 15 meses.

Un año cumple ahora en esa situación el proyecto por le que se trasponen directivas europeas de lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago. En junio lo hará el que persigue consolidar la equidad y universalidad en el Sistema Nacional de Salud y ocho meses hibernando lleva la ley para la eficiencia digital del servicio público de la Justicia.