La contestación contra la reforma de las pensiones en Francia ha invadido toda la protesta social del país y ha derivado en los últimos días en actos violentos que han enfrentado al Gobierno con la oposición de la izquierda radical.

Mientras el Ejecutivo acusa a políticos de ese espectro político de atizar la violencia contra las fuerzas del orden, en el otro campo aseguran que es el presidente, Emmanuel Macron, quien con sus declaraciones exacerba a los más exaltados y el Ejecutivo echa más leña al fuego con desproporcionados despliegues policiales.

"Basta de violencia policial", pidió el líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon tras los enfrentamientos que tuvieron lugar el sábado entre las fuerzas del orden y activistas en el este del país, en medio de una protesta ecologista contra la instalación de estanques artificiales para el riego agrícola.

Las escenas de guerra que se vivieron en medio del campo, con varios vehículos de la gendarmería incendiados por los cócteles molotov y dos heridos graves, un agente y un manifestante, se produjeron después de que la jornada de protestas sindical del jueves contra la reforma de las pensiones acabara con numerosos incidentes en varias ciudades del país.

El ministro del Interior, Gérald Darmanin, apuntó de forma directa a la extrema izquierda de estar detrás de esos ataques y exigió a los responsables políticos que no los justifiquen.

"Estos ataques violentos son inexcusables", indicó el ministro, que apuntó a elementos de la "ultraizquierda" como responsables de los mismos.

El Ejecutivo ha creado un relato según el cual la mayor parte de los manifestantes son pacíficos, pero en las protestas se incrustan grupos de radicales que tienen como único fin causar desorden y agredir a las fuerzas de seguridad.

Aseguran haber identificado a algunos de los cabecillas de acciones como la quema de la entrada del Ayuntamiento de Burdeos, una acción que, a juicio del Gobierno, muestra que hay un ataque institucional claro.

Macron comparó esos actos violentos con lo que sucedió en el Capitolio de EEUU o en el Parlamento de Brasil, una similitud que molestó mucho a responsables sindicales y de la extrema izquierda.

"Es una provocación", aseguró el líder de la Confederación General del Trabajo (CGT), Philippe Martinez, mientras que Mélenchon acusó al jefe del Estado de atizar las revueltas.

El esquema, según ellos, se repitió este sábado, cuando frente a la manifestación ecologista el Gobierno impuso un despliegue "desmesurado" de 3.200 agentes.

Sin esa barrera policial, sostiene Mélenchon, "no habría pasado nada más que una marcha por el campo".

El Ejecutivo recuerda al líder izquierdista que la víspera de la protesta fueron requisadas armas blancas, bates, bloques de hormigón y bolas de petanca listas para se lanzadas a los agentes, y que durante la protesta se utilizaron morteros y material incendiario.

Todo un arsenal, según el Gobierno, que demuestra que sus intenciones no eran pacíficas y que su objetivo era enfrentarse a la gendarmería, tal y como ocurrió.

Por su parte, el eurodiputado ecologista Benoît Biteau, aseguró que los agentes impidieron a los organizadores asistir a los heridos.