El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Málaga ha admitido a trámite el recurso contra la adjudicación del plan extraordinario de limpieza de Nerja, interpuesto por el grupo Unidos por el Pueblo de Nerja (Upner) contra el decreto del Ayuntamiento de este municipio, por el que se puso en marcha dicho plan el pasado verano.

Según figura en el decreto de adjudicación, el Consistorio de Nerja impulsó este plan de choque con el fin de "garantizar la prestación de los servicios públicos básicos" en materia de limpieza durante la temporada estival, servicios que, según los responsables municipales, no era posible abordar exclusivamente con los medios humanos y materiales del Ayuntamiento debido a las circunstancias del momento.

Por ello, desde el Gobierno municipal se argumentó que "la única opción" para que los servicios estuviesen garantizados era "contratar los servicios de limpieza viaria, limpieza de playas y jardinería al menos por un mes externamente y de manera excepcional" para apoyar la labor del personal municipal en esta materia.

Así, y pese a contar con un informe de disconformidad emitido por la Intervención municipal, finalmente el Ayuntamiento adjudicó el contrato para ejecutar este plan de limpieza a la empresa FCC, que había presentado una oferta por un presupuesto máximo de 269.616 euros.

Upner afirma que el contrato "sigue vigente a día de hoy", lo que, a su juicio, supone "una supuesta transgresión de la legalidad"

A principios de septiembre, Upner presentó un escrito formulando recurso contencioso-administrativo ante el juzgado al entender que la resolución municipal "no se ajusta a derecho y vulnera los intereses generales y el interés público", recurso que el juzgado ha admitido a trámite, por lo que ha solicitado al Ayuntamiento el expediente relativo a la adjudicación de este contrato.

El portavoz municipal de Upner, José García Beltrán, ha explicado que, pese a que la puesta en marcha este plan de limpieza iba a ser una medida excepcional y se iba a adjudicar inicialmente para un solo mes, el contrato "sigue vigente a día de hoy", lo que, a su juicio, supone "una supuesta transgresión de la legalidad".

Asimismo, el edil ha criticado la "discriminación laboral" que, según asegura, existe entre los trabajadores contratados a través del Ayuntamiento, "que cobran unos 1.500 euros mensuales", y los que prestan sus servicios a través de la adjudicataria, cuyo sueldo "es de 900 euros aproximadamente".