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Apoyos a la investigación del incendio forestal de Pujerra

  • La Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía muestra su defensa "incondicional" a la brigada y ve "con estupor" la actuación de la Junta

La Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía (AAMAA) muestra su "apoyo incondicional a la profesionalidad y al delicado trabajo que están llevando a cabo los Agentes de Medio Ambiente pertenecientes a las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales (BIIF), para los que se pide el máximo respeto y se exige que se les deje realizar su trabajo con plena objetividad e imparcialidad", explican en un escrito al que ha tenido acceso este diario, en referencia a la imputación de varios miembros de un retén como presuntos responsables del incendio forestal de Pujerra que afectó a casi 800 hectáreas. En ese texto, también se critica "el lamentable cruce de descalificaciones que se están produciendo entre las administraciones central y autonómica".

Esta asociación profesional defiende los "amplios conocimientos técnicos, la formación especializada y la vasta experiencia en la determinación de causas de los incendios forestales" de las brigadas de investigación, cuya eficacia "ha sido ampliamente demostrada en multitud de sentencias condenatorias obtenidas en vía penal, así como en la resolución de innumerables expedientes sancionadores que se tramitan en vía administrativa". "Los Agentes de Medio Ambiente, salvo prueba en contrario, gozan de presunción de veracidad por su condición de Agentes de la Autoridad, y dada su función de Policía Judicial genérica están legalmente capacitados para la investigación policial de este tipo de delitos, lo que se lleva a cabo de forma conjunta y coordinada con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y, en ocasiones, con la Unidad de Policía Adscrita a la Junta de Andalucía", añaden.

Esta asociación afirma que "comprueba con estupor cómo la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía no sólo no defiende la profesionalidad de sus propios funcionarios, sino que además, a través de su agencia pública, Agencia de Medio Ambiente y Agua (más conocida por su antigua denominación como Egmasa), encarga a un profesor de la Universidad de Córdoba -según ha manifestado el propio letrado que ejerce la defensa de los imputados- un informe contradictorio que no persigue sino desvirtuar las conclusiones de los Agentes de Medio Ambiente, sobre las que precisamente se basa el atestado de la Guardia Civil". Esta asociación, continúa, "desconoce además cómo se ha encargado esta contrapericial pero confía que, desde luego, no se haya sufragado con dinero público, porque de ser así resultaría, cuando menos, preocupante".

En cualquier caso, la Aamaa explica que "no duda en absoluto de la alta profesionalidad de los trabajadores de la agencia pública que forma parte del dispositivo Infoca con los que existen vínculos laborales ineludibles, pero entiende que debe ser la instancia judicial quien determine primero, si la reavivación del material que permanecía en combustión entre los restos de las hogueras, como consecuencia del fuerte viento registrado, debe ser calificado como imprudente o accidental, y segundo, de estimarse imprudencia susceptible de persecución penal, si la responsabilidad se ciñe exclusivamente a los trabajadores del retén o, por el contrario, afecta a también a sus superiores más inmediatos".

Por último, esta asociación subraya que "sólo puede expresar su desengaño, una vez más, por la falta de interés y de apoyo institucional mostrado por la Consejería de Medio Ambiente hacia sus propios empleados públicos, restada de una forma progresiva y maquinada a lo largo de estas últimas legislaturas en favor de la empresa pública, que ha llegado a fagocitar por completo a la propia Administración de la que depende, desposeyéndola incluso de capacidad de decisión". "Prueba de ello es comprobar simplemente los recursos materiales, tan desorbitados y totalmente alejados de un clima de austeridad y ahorro presupuestario, con los que cuenta esta administración paralela, en comparación a los exiguos y anticuados medios de los que disponen los funcionarios y que están dificultando la realización del servicio público que se les encomienda, así como la adecuada atención al ciudadano andaluz", concluye.

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