La familia de Antonio ha estado pagando su hipoteca religiosamente todos los años, si bien, tenía un periodo de carencia asumible. Ahora son 800 euros mensuales a lo que asciende, y no tiene liquidez para enfrentarse a ese coste. Intenta la dación en pago pero podría resultar difícil porque ya debe un trimestre. Felipe tiene 50 años y está parado tampoco puede seguir mantenido los recibos de 300 euros de su casa. "El momento de negociar es al principio, antes de que se inicie un procedimiento de ejecución o un lanzamiento. Hay que actuar antes de que el Juzgado o el banco comiencen con la presión", recomienda Alicia Pérez, concejal de IU responsable de la recién creada oficina en Defensa de la Vivienda. Apenas llevan veinte días trabajando en ella y ya han atendido una decena de casos de personas que van a perder su vivienda habitual. "La gente llega desarmada por la frustración que les produce la situación. Ellos creen que son responsables de la pérdida, pero no es un fracaso individual, sino social. No es culpa de ellos", comenta la edil quien además de la asesoría jurídica considera que debería contar con un gabinete psicológico. Entre sus funciones está acompañarlos a negociar con los caseros o bancos, solicitar trámites de urgencia en Urbanismo o ponerse en contacto con el Juzgado para que envíe cualquier caso que tenga relacionado con la pérdida de la vivienda para tratar de frenarlo antes de que no haya soluciones.

La oficina en defensa de la vivienda sustituye a la de intermediación hipotecaria creada en el anterior mandato pero que no tenía espacio físico y cuyos casos se derivaban a la de la Diputación. "Estamos trabajando para renovar el convenio con ellos y seguir colaborando así como con los juzgados de Vélez-Málaga, pero desde aquí tratamos los casos de forma personalizada buscando la mejor solución y acelerando los trámites", señala Pérez quien recuerda que están instalados en el centro de Servicios Sociales de calle Hojalateros.

Esta no será la única función de esta oficina desde la que esperan poner en marcha un censo de inmuebles vacíos propiedad de bancos o de particulares y ponerlos en régimen de alquiler social. "Estamos rediseñando los protocolos conforme vamos viendo la realidad. Como reducir la burocracia y establecer protocolos de urgencia para que el papeleo se libere en un día", apunta la edil quien también está trabajando junto a Julia y su marido a los que le iban bien las cosas con su pequeño negocio hasta que las deudas le empezaron a acosar. Tienen la suerte de tener un contrato verbal con una familia que no sólo les comprende sino que está dispuesta a apartarles un plato de comida de su olla. Pero saben que la solución podría estar en reducir la cuota y gestionar ayudas de emergencia hasta final de año cuando Juan espera reingresar en el ejército.