El Pleno del Ayuntamiento de Benalmádena ha dado luz verde este jueves de urgencia a la suspensión de la ordenanza de transportes, con el objetivo de darle un "marco legal administrativo" al servicio para garantizar su gratuidad, una medida que ha salido adelante con los votos a favor del equipo de gobierno del PP, la abstención de Vox e IU y el voto en contra del PSOE.

La urgencia llevada a este Pleno ha sido fundamentada por el edil de Hacienda, José Miguel Muriel, quien ha subrayado que se trata de un asunto “importante”, que “nos lo hemos encontrado y exige regularizarlo y actualizarlo según ley, por una situación que hay que subsanar lo antes posible y que tiene condicionado sacar adelante los presupuestos de 2024”. 

Muriel ha advertido durante su intervención de que la “gratuidad del transporte público”, aprobada por el gobierno anterior, cuenta “con informes desfavorables de Intervención”. “Se está dando un servicio público gratuito que solo está aprobado en la empresa, pero el Ayuntamiento está obligado a cobrarlo”, ha recordado Muriel.

“Esta situación, ha provocado que no exista expediente en la empresa ni en el Ayuntamiento, con una ordenanza fiscal que dice que hay que cobrar a los usuarios del transporte público, toda vez que se está ofreciendo de forma gratuita a empadronados sin estar especificado en la ordenanza”.

Contradicción entre lo firmado con la empresa y la ordenanza fiscal

Por ello, Muriel ha señalado que existe una “grave” contradicción porque “se firma algo en la empresa y la ordenanza fiscal dice lo contrario, que se siga cobrando la tarifa a todos los usuarios”, provocándose un “desequilibrio financiero en la empresa responsable del transporte urbano”.

“Para nosotros ha sido una sorpresa porque tenemos que encontrarle viabilidad económica y jurídica, fue una medida electoral decir que sería gratuito el transporte público sin llevarlo a Junta General y sin modificar la ordenanza”, ha subrayado Muriel.

“Lo primero que habría que haber hecho era un estudio económico garantizando la viabilidad de la gratuidad del transporte público para empadronados, pero no lo había, provocando un desequilibrio financiero de 700.000 euros”, ha agregado el edil.

Por eso, ha añadido Muriel, “ahora tenemos que cambiar el plan normativo para cambiar la ordenanza fiscal y habrá que llevar al Plan Estratégico de Subvenciones, porque se ha disparado el número de usuarios que utilizan el transporte público”. Con esta decisión en Pleno, el equipo de gobierno quiere garantizar que se siga prestando el servicio dotándolo de un marco jurídico legal que además permita mejorar y ampliar el servicio, manteniendo su gratuidad y estudiando fórmulas para incrementar la movilidad sostenible.

El Consistorio descarta mantener la situación sin informes legales

Muriel ha recordado que “mantener la situación actual sin informes legales vinculantes no se contempla”, ya que “estaríamos incurriendo en la misma situación generada, el convenio es hasta el 31 de diciembre y tenemos que suspender esta ordenanza”, ha subrayado. “Esta situación va a generar un conflicto político porque este equipo de gobierno tendrá que tomar decisiones importantes por lo que nos hemos encontrado”.

El debate lo ha cerrado el alcalde, Juan Antonio Lara, quien ha señalado que una empresa, en este caso Innoben, “no puede decidir por su cuenta y riesgo que no se cobre nada a empadronados, se tiene que aprobar en consejo de administración y dar cuenta al Pleno”, cuestión que no se hizo, ha subrayado.

“Estamos debatiendo el procedimiento, que al no pasar por Pleno se incumple”, ha indicado el regidor de Benalmádena, destacando que “se va a someter a información pública, y una vez que se dictamine podremos decidir lo que hacemos”, ha sentenciado.