El Centro de Desarrollo Rural vende su sede para pagar deudas

El Centro de Desarrollo Rural de la Serranía de Ronda (CEDER) se encuentra en una situación crítica. Las dificultades por las que atraviesa este organismo llevó a la junta directiva a mantener una reunión el pasado jueves en la que se debatió sobre su continuidad. En el marco de este encuentro, además, se analizó la posible venta de la actual sede, situada en una casa palaciega en calle Armiñán, y la reestructuración de la plantilla, que pasaría a tener un máximo de tres empleados de los siete actuales.

Eso sí, de las 23 entidades que tienen representación en el centro solo asistieron siete. Entre los no que no acudieron a la reunión estaba el delegado territorial de Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Javier Carnero, que, aunque no pertenece a la junta directiva, fue invitado como miembro del consejo territorial, debido a la gravedad de los asuntos a tratar.

En cuanto a los problemas económicos del ente, Alfredo Carrasco, presidente del Ceder, explicó que ha sido una decisión de la Dirección General de Desarrollo de la Junta de Andalucía la que ha terminado por poner contra las cuerdas a los grupos de desarrollo andaluces, al reclamarles diferentes cantidades que habrían sido destinadas a "gastos indebidos", como sería el pago de los honorarios de limpiadoras y dietas, entre otros, todos ellos enmarcados dentro del apartado de gastos de funcionamiento. En el caso de Ronda, la Junta reclama la devolución de 91.000 euros, aunque sus responsables mantienen que esos gastos sí estaban contemplados dentro del plan de acción de la propia Dirección General para el funcionamiento de los grupos de desarrollo, por lo que piensan presentar alegaciones.

Mientras se resuelven esas alegaciones (la Junta se autoconcede un plazo de un año), las cuentas del grupo han quedado bloqueadas y no podrán pagar las certificaciones que ya han sido entregadas por los promotores que han obtenido ayudas para sus proyectos. En concreto, los 25 afectados tienen pendiente de cobro 376.000 euros, que en estos momentos no tienen fecha para su abono. Esta circunstancia ya ha sido comunicada a los emprendedores, que han reaccionado enviando un escrito a la propia Junta de Andalucía, además de poner en conocimiento de la Comisión Europea la situación que se está viviendo con este programa de ayudas, que está subvencionado con fondos comunitarios.

La situación de los empleados del Ceder no es mucho mejor, ya que tienen cinco nóminas pendientes de cobro y una sexta a punto de expirar, para la que tampoco hay fondos disponibles. En este caso, la deuda que mantiene el Gobierno andaluz también lastra este apartado, con 327.000 euros destinados a gasto de funcionamiento pendientes de ser transferidos. A ello se suma una menor disponibilidad para este concepto, con una reducción de 114.000 euros, debido a la ampliación de la duración del programa pero no de esta partida, explicó el presidente del este organismo público-privado.