El Consistorio pide a la Junta que no impida la ampliación del puertoDecretan el embargo de 70 locales de un centro comercial

El pleno del Ayuntamiento de Benalmádena aprobó una moción en el pleno ordinario para requerir a la Junta de Andalucía que reconsidere su decisión de extinguir la concesión para el desarrollo de la marina benalmadense y que mantenga el diálogo, a través de la Consejería de Fomento y Vivienda y de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), con la Administración local. La moción no tuvo el respaldo de PSOE e IU.

Este proyecto ha hecho aguas básicamente por motivos políticos, a saber, siglas contrarias en distintas administraciones. Hasta el momento todo ha sido trabas a un proyecto que se ralentiza y que parece que expirará sin desarrollarse. Aunque queda algo de tiempo para darle una solución.

La propuesta incluyó también convocar de forma periódica a la comisión municipal de seguimiento sobre la ampliación y avalar las actuaciones realizadas para impulsar la iniciativa con objeto de que prospere un proyecto de vital relevancia para la ciudad y que supondría la creación de numerosos puestos de trabajo. En los últimos meses, tanto la Junta como el Ayuntamiento han lanzado versiones opuestas sobre la documentación presentada.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Estepona ha decretado el embargo de 70 locales del centro comercial Laguna Village, propiedad de la mercantil Playa Padrón Estepona S.L., tras la denuncia interpuesta por un inversor británico por una deuda aproximada de 500.000 euros. Este procedimiento de ejecución judicial, al que ha tenido acceso EFE, es consecuencia de la sentencia condenatoria contra Playa Padrón S.L., dictada por la Audiencia Provincial de Málaga en Abril del año pasado, con motivo del pago a cuenta que realizó un inversor británico en 2006.

Según explica el abogado Antonio Flores, del despacho Lawbird Legal Services que representa al demandante, el inversor firmó un contrato de arras para la adquisición de varias unidades en el complejo en 2006, en régimen de concesión administrativa, y no pudo escriturarlas al estar éstas alquiladas, dándose la circunstancia de que las mismas se habían vendido "libres de inquilinos u ocupantes". En total, el inversor abonó 185.000 euros a la promotora, y acordaron que de no proceder con la escritura por causa imputable a la compradora, esta perdería el depósito, pero que de ser la vendedora la que no pudiera vender, vendría obligada a devolver el doble de lo abonado, según se prevé para los contratos.