Las construcciones irregulares de la era GIL siguen protagonizando la actualidad de Marbella. Ayer, Ecologistas en Acción de Andalucía anunció que ha presentado una denuncia en la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga contra el gobierno de Ángeles Muñoz (PP), porque éste se niega a revisar de oficio un millar de licencias de obras ilegales. El coordinador regional de los ecologistas, José Francisco Sillero, señaló que la corporación podría estar incurriendo en un delito de prevaricación administrativa, razón por la que también han presentado otro escrito denunciando los hechos en la Dirección General de Inspección del Territorio, dependiente de la Consejería de Obras Públicas.

La asociación considera que la alcaldesa no quiere revisar los expedientes y acuerdos aprobados por las corporaciones gilistas, porque tiene que "cumplir" los "compromisos" que adquirió con "empresarios" durante la campaña electoral. Además, critican que los populares no hayan continuado con la labor de revisión de licencias que inició la comisión gestora, y que permitirá que las arcas municipales puedan recibir más de 7 millones de euros el próximo año por las sanciones y compensaciones de los promotores.

Los ecologistas también indicaron que van a interponer denuncias similares en otros municipios andaluces, aunque han decidido comenzar por Marbella porque es la que acumula mayor número de permisos contrarios al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente. Asimismo, creen que la Fiscalía debe intervenir en esta localidad malagueña, a través de una sentencia que obligue al equipo de gobierno a revisar las licencias, porque los ciudadanos "no pueden tener la sensación de que aquí se continúa quebrantando la ley".

Sin embargo, la primera teniente de alcalde, Kika Caracuel, contestó que el Ayuntamiento ha dejado temporalmente de revisar expedientes de otras corporaciones porque la mayoría de ellos están siendo estudiados en procedimientos contenciosos administrativos. En ese sentido, apuntó que la comisión gestora adoptó en Pleno la misma decisión con una serie de licencias que estaban siendo investigadas en los tribunales.

Por otra parte, la dirigente popular explicó que se encuentran a la espera de la aprobación del PGOU, el texto que establecerá cuáles de esas más de 1.000 licencias encontrarán acomodo en el nuevo documento, por lo que sería "imprudente" revisar de oficio algo que se puede legalizar en unos meses.

Caracuel añadió que la denuncia de los ecologistas es un nuevo caso de "oportunismo político", ya que utilizan cuestiones judiciales para alcanzar "protagonismo" de cara a las próximas elecciones generales y autonómicas.