Denuncian la expulsión de una joven discapacitada de un colegio

Irene tiene 23 años y una discapacidad del 96%. Hasta hace dos cursos estaba matriculada en el colegio Juan Ramón Jiménez de Marbella pero este será el tercer año en el que se quede fuera de las aulas. Según explica su padre, Jorge García, "ha sido expulsada y repudiada del centro educativo". La joven estaba matriculada en Formación Profesional e integrada en el proyecto La Casita en el que se enseña a personas con discapacidad severa a desenvolverse en su día a día.

Según García, "cuando Irene cumplió 21 años la echaron del centro alegando que había superado la edad límite para estar en secundaria" si bien a su entender "no hay límite de edad en Formación Profesional y existe el concepto de formación continua que sí se respeta para el resto de los alumnos, pero no para los discapacitados". Ante esta situación Jorge lleva cuatro años en pie de guerra. Ha empapelado una furgoneta con la foto de su hija y la estaciona a las puertas del colegio y en otros puntos con gran cantidad de tránsito en Marbella para dar a conocer su situación.

Además, Jorge envía, a diario, entre 2.000 y 2.500 correos electrónicos a los diputados del parlamento andaluz, del Congreso y a la Junta de Andalucía para explicar el problema de su hija y de siete alumnos más que se ven en la misma situación de Irene.

Según explica, no le ha contestado nunca nadie, "más allá de los delegados provinciales de Educación que nunca me han dado solución". Ante esta situación Jorge, que tiene otro hijo en silla de ruedas con 18 años y un 99% de discapacidad, se ve obligado a recurrir a un gabinete psicológico privado que le cuesta 250 euros al mes. Allí Irene recibe atención personalizada a diario. Los centros de asistencia a discapacitados de la comarca no le convencen a su padre. Según explica "para que sea matriculada allí hay que aportar entre el 40 y el 80% de su paga y no recibiría una atención específica".

Al margen de los actos de protesta llevados a cabo hasta ahora, Jorge tiene pensado iniciar una campaña de recogida de firmas, aunque algo diferente a lo puesto en marcha hasta ahora. De este modo, por cada persona que le apoye, hará llegar una carta a Bruselas para dar a conocer su caso y buscar amparo en Europa.

Desde Educación aseguran que la ley no permite que la niña esté matriculada en el centro y que es un conflicto que viene de lejos porque todos los años se repite la misma situación.