El Pleno de Cortes de la Frontera se convirtió ayer en un nuevo espectáculo circense, aunque de baja intensidad. Destituciones de delegados, acusaciones sobre presuntos cobros de comisiones ilegales, desmentidos, ceses que se quedan sobre la mesa en el último momento, advertencias de desalojo del concurrido salón de plenos, aunque la sesión se iniciaba a las 8:00, y reproches diversos y en distintas

A pesar de todo, la crispación fue menor de la esperada, lo que no evitó los previstos enfrentamientos entre el alcalde del municipio, Antonio Granero, y los concejales del PSOE. También, como era de prever, se produjo otra discusión entre el regidor y la concejal Diana Berbén, que hasta hace unas semanas formaba parte del equipo de gobierno y fue fulminada tras no activarse en plan de emergencias tras comunicarse al 112 que había un grupo de excursionistas perdidos en la zona. Este incidente también provocó que el alcalde comunicase lo ocurrido a la delegación del Gobierno por un presunto caso de denegación de auxilio, una comunicación que se amplió también a más de una docena de voluntarios de la agrupación local de Protección Civil. No obstante, el hecho más destacado fueron las explicaciones que el portavoz del PSOE, Antonio Ruiz, pidió al alcalde sobre las presuntas grabaciones en las que se hablaría del cobro de comisiones por parte de un concejal del equipo de gobierno por la adjudicación del corcho de la pasada campaña.

Una pregunta que tuvo respuesta en el supuesto protagonista de esta historia, el edil Manuel Carrasco, que hizo público que había acudido a la Guardia Civil para comunicarles la historia que se estaba contando, a fin de que se procediese a realizar una investigación sobre estas "habladurías". Además, negó que dichas acusaciones fueran ciertas y se reservó la opción de emprender acciones legales contra aquellos que están difundiendo dichas acusaciones.

Mientras tanto, en el equipo de gobierno apuntan a una posible "venganza" de un empleado municipal que habría sido despedido. No obstante, en una segunda versión de la supuesta conversación telefónica, otro concejal del equipo de gobierno asegura que en la misma no se habló en ningún momento de que hubiese cobrado comisiones por la adjudicación del corcho del pasado año, y se haría referencia a una presunta petición de 80.000 euros para la adjudicación de esta campaña. Un extremo que Manuel Carrasco también negó e insistió en la teoría de la venganza por el despido de este empleado. De igual modo, desde el equipo de gobierno de Cortes de la Frontera también se apuntó a que el presunto autor de la grabación ya habría ido a comparecer ante la Guardia Civil para explicar este asunto.

Por otra parte, en cuanto a la destitución de la edil del equipo de gobierno, la concejal recriminó al alcalde de acusarle sin fundamento, negando que fuese la responsable de activar el mencionado plan de emergencia y de tener competencias sobre Protección Civil. Además, apuntó a un documento entregado por los voluntarios en el que decían dejar en suspenso la acción de la agrupación hasta mantener un encuentro con el primer edil, como motivo para tomar dichas decisiones sobre su persona.

En este asunto, el portavoz socialista defendió que dicha concejal tuviese la responsabilidad sobre Protección Civil, mientras Antonio Granero se ratificó en el posible caso de denegación de auxilio.