El decreto sobre la protección del litoral que aprobó hace dos semanas la Junta de Andalucía tendrá "consecuencias negativas" sobre las economías de los municipios de la costa, alertó ayer el alcalde de Estepona, el popular José María García Urbano. El regidor aseguró que la norma paraliza "de forma indefinida" proyectos que cuentan con informes sectoriales favorables y que se recogen en los planeamientos urbanísticos aprobados por los consistorios y la Junta. "La suspensión de estas iniciativas genera una alta dosis de inseguridad entre los inversores y una no menos alta insatisfacción en los sectores económicos de los municipios afectados".

El regidor instó a la Diputación provincial a que interceda ante la Administración regional para que el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Luis Planas, consensúe el decreto con los agentes económicos y sociales de las localidades que, según él, se verán perjudicadas por la regulación. Hasta que se logre el acuerdo, consideró que lo más "prudente" es que la norma se suspenda. "No es difícil que los actores sociales, jurídicos, económicos y políticos dialoguen y se pongan de acuerdo en los métodos e instrumentos jurídicos que se deben poner en marcha para preservar la calidad ambiental del litoral", apuntó. En su opinión, "toda la sociedad se cuestiona de forma unánime el modo en que se ha promulgado el decreto y la inmediatez con que se pretende aplicar".

El decreto paralizará la construcción de unas 16.000 viviendas en el litoral de Estepona. Entre los proyectos se encuentran los 1.500 inmuebles de gran lujo que proyecta la Casa Real Saudí, iniciativa valorada en 18 millones de euros, de los que 12 están consignados. La promoción se edifica en una parcela de unos 600.000 metros cuadrados en el arroyo El Saladillo, donde se encuentra uno de los últimos complejos dunares de la comarca. La norma también afecta a un centro comercial que, desde 2008, se planea construir en una parcela ubicada al norte de la A-7.

Miguel Díaz, diputado provincial de IU, que gobierna la Junta en coalición con el PSOE, respondió que la norma no afecta a los planes aprobados y que recoge mecanismos para proteger un litoral "maltrecho" por el ladrillo y para garantizar un urbanismo y un turismo sostenibles. "Si se le puede hacer alguna crítica al decreto es que llega tarde, cuando gran parte del litoral se ha edificado", dijo.