Provincia

Estepona eleva a 16.000 las casas afectadas por el decreto de la Junta

  • Entre ellas están las casi 1.500 que promueve la Casa Real Saudí en Arroyo Saladillo · El Ayuntamiento denuncia el "ninguneo sistemático" del Gobierno andaluz

El decreto para la protección del litoral que la Junta de Andalucía aprobó hace una semana deja en suspenso la construcción de unas 16.000 viviendas en Estepona. Entre ellas, las cerca de 1.500 de gran lujo que pretende impulsar la Casa Real saudí sobre una superficie de unos 600.000 metros cuadrados en el arroyo Saladillo. La promoción está valorada en 18 millones de euros, de los que 12 ya estaban consignados para financiar unas obras cuyo comienzo era inminente.

La monarquía saudí, que la concejal de Urbanismo, Susana Arahuetes, califica como un "inversor solvente", ya ha aportado seis millones de los ocho que se comprometió a pagar para obtener las licencias para edificar en la parcela. Los dos primeros pagos, que suman cuatro millones, los percibió la anterior Corporación, dirigida por el PSOE, y los dos restantes los cobró el actual equipo de gobierno, del PP. Arahuetes asegura que el terreno sobre el que se preveía construir la promoción se encuentra en una zona desarrollada, cuyo alrededor es suelo urbano consolidado.

Otro de los proyectos que se tambalea es la construcción del centro comercial que, desde 2008, se proyecta en una parcela ubicada al norte de A-7 y que podría generar unos 3.000 puestos de empleo directo y 2.000 indirecto. El futuro de ambas iniciativas, según la responsable de Urbanismo, queda en el alero a la espera de las modificaciones que el Ayuntamiento introduzca en su planeamiento, en vigor desde 1994, para adaptarlo al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), que surge tras la aprobación del decreto.

Arahuetes cree que la adaptación de la norma municipal a la regional se puede prolongar "hasta el infinito" porque, según ella, la Junta utiliza la revisión de los planeamientos urbanísticos como "arma política" contra los municipios gobernados por el PP. El lapso de tiempo que ocupe el trámite supondrá un "varapalo" para la economía del municipio, que obliga al Consistorio a "frenar planes" con los que, a juicio de la concejal, "se generarían empleo y riqueza". "El parón en la actividad urbanística repercutirá en más desempleo", añadió.

También supondrá, según ella, la pérdida de confianza de los inversores, de los que dijo que "huirán a territorios menos problemáticos". "La Junta olvida la importancia de compatibilizar la conservación de los espacios protegidos con el desarrollo de proyectos residenciales que impulsarían el turismo, que es nuestra principal industria. Es indignante que la Junta actúe en estos términos", añadió.

La concejala calificó el decreto como una muestra del "menoscabo" y del "ninguneo sistemático" que, según ella, practica la Junta con los ayuntamientos. "Para el Consistorio es fundamental el respeto y la conservación de los valores medioambientales y paisajísticos del municipio. El planeamiento urbanístico vigente se desarrolló sobre leyes sectoriales de protegen esta cuestiones", apuntó.

La "decisión unilateral" de la Junta, apuntó la responsable de Urbanismo, aprobando "con urgencia y sin contar con la postura de los ayuntamientos afectados, genera inseguridad jurídica".

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