El Pleno del Ayuntamiento de Fuengirola ha dado luz verde al ‘plan normativo 2022’, un documento en el que se recoge una previsión de ordenanzas que serán impulsadas o modificadas durante el próximo año y que llegará a 20 textos normativos, según ha destacado este miércoles el portavoz municipal, Rodrigo Romero. 

La relación fue aprobada en el Pleno celebrado el pasado martes y contó con los votos a favor de PP y Cs y en contra del PSOE, Vox e IU. Con este trámite se da cumplimiento a la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo. 

El portavoz del equipo de gobierno ha señaló durante su intervención que “entre las 20 propuestas que incorpora el documento se abarca todo tipo de regulaciones, siempre con la intención de mejorarlas, ya que estas modificaciones van a redundar en un mejor servicio para los ciudadanos, una mayor clarificación en los procedimientos, una mejora en la capacidad de dar respuesta a los problemas de nuestros vecinos por parte de los trabajadores municipales o una actualización de los procedimientos, adecuándolos a las cambiantes necesidades de los tiempos tan vertiginosos que nos está tocando vivir”. 

El documento contempla nuevas normativas o cambios en aspectos de la vida municipal tan variados como el reglamento de la Red de Bibliotecas, los aparcamientos por tiempo limitado, el  servicio urbano e interurbano de transportes, la accesibilidad universal, la protección contra la contaminación lumínica o la ordenanza de transparencia, entre otras cuestiones. 

Durante el debate, Romero señaló que “todas las  necesidades  de  revisión  normativa  detectadas  no  podrán acometerse en su totalidad simultáneamente, por lo que será necesario  establecer  un  orden  de  prioridades”  que  respondan  a  cuestiones o criterios como “la  importancia  estratégica  para  las  líneas  y  objetivos  del  plan  de gobierno, el requerimiento jurídico de adecuación a la norma superior, la insatisfacción en los empleados públicos que aplican los procedimientos regulados por la correspondiente norma,  los excesivos tiempos, costes de tramitación y cargas administrativas o la existencia de quejas o sugerencias procedentes de ciudadanos”.