El vertedero Valverde, o el del Río de la Miel de Nerja, como era conocido, estuvo en funcionamiento durante 16 años. Estaba ubicado en el Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama y ocupaba una extensión de 36.000 metros cuadrados. Lo que supone almacenar 800.000 metros cúbicos de residuos en 36 campos de fútbol. Desde escombros a restos de poda, pasando por materiales de construcción, chatarra o incluso materiales peligrosas. No existía ningún control, y por tanto todo cabía hasta que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) lo clausuró en septiembre del pasado año. A principios de 2017, esta unidad de la Guardia Civil abrió una investigación sobre este vertedero incontrolado cuyo caso sea posiblemente el de mayor relevancia de la provincia de Málaga.

De momento, por la Comandancia del Instituto Armado de la capital han pasado casi 40 personas a declarar, entre empresarios y cargos públicos por la existencia de este vertedero que carece de autorización ambiental y por el peligro que puede suponer al medio ambiente dada su ubicación en el entorno del Parque Natural Sierras de Tejeda, Alhama y Almijara y su proximidad con el Paraje Natural de Maro Cerro Gordo. Entre ellos, dos cargos públicos de la Junta de Andalucía, la actual alcaldesa de Nerja, Rosa Arrabal (PSOE) y los concejales de Infraestructura, José María Rivas (PSOE) y Jorge Bravo (IU). También lo han hecho el anterior regidor, José Alberto Armijo (PP) que fue la máxima autoridad de Nerja hasta 2015 y cinco ediles que habrían gobernado con él en distintas etapas.

El recinto estaba explotado por una sociedad integrada por cinco empresas, de la que tenían constancia las autoridades, según estas mismas fuentes que indicaron que podrían haber expedido "certificaciones falsas" a aquellos que acudían a ellos para desprenderse de los residuos. Entre otros delitos, se investigan los de falsedad, prevaricación y contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Los investigadores detallaron que en las inspecciones pudieron comprobar que no había sistema de canales que evitasen la entrada de agua de lluvia y que tampoco existían cortafuegos o sistema de extinción de incendios. Los residuos se acumulaban directamente en el suelo, no existía vallado perimetral ni medidas de control sobre emisión y acumulación de gases. El Seprona también incluyó en la documentación el riesgo que suponía para la flora silvestre de la zona, incluidas en la categoría en peligro de extinción. De hecho, de producirse un incendio el daño medioambiental sería "catastrófico", según lo calificaron.

La investigación del Seprona unto a querella de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga ha dado lugar a la apertura de un procedimiento en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrox.

Con respecto a la declaración que prestó el pasado martes la actual alcaldesa de Nerja, Rosa Arrabal, quiso aclarar ayer que "van a prestar la máxima colaboración con la Guardia Civil y la Justicia" y sobre la responsabilidad del gobierno anterior del PP dijo que "tendrá que decidirlo el Juzgado". La regidora, tampoco quiso ofrecer detalles sobre su declaración "para no interferir en la declaración". "Yo creo que lo que sabíamos todos en Nerja eran las informaciones de enero de 2011 y también hace unos meses nos dijeron que era autorizado y conocido por el anterior equipo de gobierno. Más allá, no sabemos", comentó.

Sobre los empresarios investigados, dijo que no van a valorar ni hablar "porque desconocemos la investigación". Es por ello que dijo que no haría juicios de valor e hizo mención a "las muchas manifestaciones, opiniones en las redes sociales, muchas de ellas incluso que llegan a ser ofensivas hacia mi persona y otros compañeros", zanjó.