La Fiscalía de Marbella ha abierto diligencias previas por los presuntos delitos de malversación y prevaricación administrativa en la contratación de antiguos cargos de confianza en el Ayuntamiento de Benahavís. La investigación se inició el año pasado tras una denuncia formulada por el grupo municipal socialista en la que hacía referencia a las contrataciones de personal temporal como cargos de confianza a los que "se les había asignado funciones que debían realizarse mediante personal de la propia administración, con la única finalidad de que pudieran convertirse en indefinido".

Con la entrada en vigor de la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, el Ayuntamiento, según añaden en la denuncia, "se vio obligado a rescindir todos aquellos contratos realizados, pero dado que todos los cargos de confianza venían desempeñando tareas distintas a aquellas que eran inherentes a su contrato", procedieron a la impugnación de los despidos y las demandas fueron estimatorias. El Ayuntamiento optó entonces por la readmisión de los trabajadores en lugar de la indemnización "a pesar de las advertencias al respecto puestas de manifiesto por la interventora", por lo que consideraban que está "acreditada la intencionalidad" y la "connivencia con el gobierno local, siendo todo el interés de este generar las situaciones de fraude, planeando desde su inicio todo el procedimiento de forma artificiosa, con el único fin de favorecer afines del Partido Popular y familiares que se han convertido tras todas las argucias en personal laboral indefinido del Ayuntamiento".

El fiscal añade además en su escrito los diez reparos formulados por la intervención municipal entre 2009 y 2013 en los que cuestiona estas contrataciones y ha solicitado al Ayuntamiento que aporte numerosos documentos, como la resolución de los nombramientos y del cese de personal eventual para ocupar puestos de trabajo de confianza así como sobre el trabajo que estos realizaban, y que certifique la actual situación laboral de los mismos, entre otros documentos.

Así, según señala el fiscal en su decreto, se dan los elementos del delito de prevaricación al ser las resoluciones dictadas "objetivamente contrarias a derecho, pues se efectuaban contratos a diferentes personas como personal eventual para ocupar cargos de confianza con conocimiento de que únicamente iban a desempeñar tareas administrativas". Esto provocó que, al ser despedidos y presentar demandas en la jurisdicción social, "por la misma se considerase que tales contratos fueron concertados en fraude de ley, condenando al Ayuntamiento a readmitir al trabajador o a indemnizarle". Finalmente, al acordarse la readmisión del empleado "que pasaba a ser personal indefinido", "se eludían los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad así como el de publicidad para cubrir los puestos de trabajo en el Ayuntamiento, imponiendo de forma arbitraria la voluntad particular de la autoridad".