Marbella legaliza otra promoción con sentencia firme de demolición de 2005

La promoción Jardines del Príncipe era de las que mejor simbolizaba en Marbella los desmanes urbanísticos cometidos durante tres lustros. Tanto, que en 2005, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía emitió una sentencia por la cual se obligaba a que "se restituya el terreno a su estado anterior", lo que para la asociación de Vecinos Arroyo Guadalpín, que presentó la denuncia contra esta promoción, significa "que se lleve a cabo la demolición", según demandó su vicepresidenta, Mercedes Vázquez, en 2007. En esta urbanización el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986 permitía la construcción de siete adosados y dos viviendas unifamiliares, mientras que la empresa promotora, Coepro Marbella SA construyó dos edificios de siete alturas y 81 viviendas. Un desmán urbanístico que ahora recibe el visto bueno del Consistorio.

Ayer se aprobó en Junta de Gobierno local su regularización en virtud del PGOU de 2010, que entró en vigor en mayo. Esta normalización supondrá para el Consistorio una compensación económica superior a los 2 millones de euros, una parcela para equipamiento público de 2.221 metros cuadrados (cercana a la citada promoción) y un total de siete viviendas, situadas en el mismo complejo residencial, con una superficie conjunta de mil metros cuadrados.

El concejal de Urbanismo, Pablo Moro, precisó que tanto las viviendas como la parcela, sobre la que también se levanta una edificación, "se destinarán a equipamientos públicos". El expediente de normalización establece además que la cuantía que obtendrá el Ayuntamiento en metálico se distribuirán en tres apartados diferenciados: uno primero que asciende a 1.541.000 euros (en concepto del 10% del incremento de aprovechamiento); el segundo por valor de 90.600 euros (destinado a la obras de urbanización pendientes en los viales perimetrales) y el tercero por un importe de 370.000 euros (cantidad que se destinará a la adecuación de las viviendas en equipamientos públicos).

El edil de Urbanismo reconoció que ahora comienzan de nuevo los contactos con los tribunales de Justicia: "Hay que enviar el incidente de ejecución de la sentencia, más un informe pormenorizado sobre la normalización a la Sala". Y es que, según la postura del Ayuntamiento, el nuevo plan significa la existencia de una nueva legalidad vigente que conlleva "el proceso de normalización y los mecanismos de compensación", según explicó la alcaldesa, Ángeles Muñoz, el 16 de noviembre, cuando dio a conocer los dictámenes de inejecución que presentará el Consistorio ante los tribunales para intentar evitar la ejecución de las 900 sentencias contra otras tantas licencias ilegales.

Alejandro Dogan, presidente de la asociación de vecinos Arroyo Guadalpín, recordó que "el proceso judicial sigue". "La sentencia favorable del TSJA es anterior al Plan General de Ordenación Urbana, y la ley pregona que la sentencia es vigente antes que el PGOU", ahondó. Sin embargo, la conclusión es la de siempre: "Serán los tribunales los que decidan si las sentencias emitidas con anterioridad están vigentes o no".