Mijas y la Junta pugnan en los tribunales por una permuta de suelo

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mijas celebrada ayer aprobó defender en los tribunales la permuta de los terrenos donde se asienta la iglesia de San Manuel de Las Lagunas, ya que el portavoz del equipo de gobierno, Mario Bravo, advirtió de que la Junta de Andalucía se opone a esta operación urbanística. El edil explicó que esta permuta aún no ha sido legalizada en el registro y en el Catastro, a pesar de que la parroquia se construyó en el año 1993.

Al respecto, el edil recordó que el Ejecutivo local realizó un expediente administrativo para intentar normalizar la situación y después se llevó a una sesión plenaria para su aprobación. La acción consistía en que los terrenos de la parroquia pasarían a ser titularidad del Obispado de Málaga, mientras que el Ayuntamiento consiguió a cambio otros terrenos que en su día se usaron para el desarrollo del sector de Camino de Campanales, lugar donde se incluyen unos grandes almacenes.

Tras el visto bueno del Pleno, y para cumplir la legislación vigente, el acuerdo se trasladó a la Junta de Andalucía para que tuviese conocimiento. Sin embargo, Bravo señaló que la Administración autonómica ha rechazado el convenio y ha presentado una reclamación judicial. "Fue un convenio acordado hace veinte años y que por unas causas o por otras no se había llevado a efecto. Ahora nos vamos a defender porque nos oponemos a esa decisión", advirtió el edil.

Asimismo, mostró su "sorpresa" ante la decisión de la Junta de no admitir el acuerdo y mostró su confianza en que los tribunales den la razón al Consistorio. De hecho, explicó que el suelo aún es propiedad del Ayuntamiento, aunque en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) aparece como equipamiento religioso. "Pensamos que son pegas y no justificaciones. Esperamos convencer al juez con nuestros argumentos", añadió.

En la misma reunión de la Junta de Gobierno se aprobó llevar al transcurso del próximo Pleno la ampliación de los plazos de fraccionamiento de las deudas tributarias municipales. De esta forma, los vecinos que han dejado de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el de vehículos o la tasa de basura, y que han mostrado interés por saldar su deuda, podrán hacerlo a plazos, si bien todo dependerá de la cantidad pendiente.

Así, si un vecino debe menos de 600 euros en impuestos podrá fraccionar el abono en seis meses. En el caso de que la cantidad se sitúe entre los 600 y los 6.000 euros, el periodo se ampliará hasta los dos años, y hasta los tres años cuando el pendiente supere los 6.000 euros. Hasta el momento, el fraccionamiento de la deuda está fijado en un plazo de tres a 18 meses, según las cantidades.

"Lo que pretendemos es adaptarnos a la situación de dificultad que atraviesan muchos mijeños. No queremos castigar a los contribuyentes que tienen deudas en vía ejecutiva", explicó Bravo. Es más, insistió en que el Consistorio quiere poner todo de su parte para permitir realizar el pago de manera voluntaria.