Mijas da un mes de plazo para retirar cerca de 800 vallas ilegales del municipio

Una de las primeras decisiones que tomó el equipo de gobierno del alcalde Ángel Nozal (PP) tras llegar al Ayuntamiento de Mijas fue regular la colocación de vallas publicitarias en zonas públicas municipales. Sin embargo, ahora se ha querido dar un paso más, aprobando de forma inicial una ordenanza a través de la cual se quiere impedir la proliferación de este tipo de soportes en el término municipal, además de acabar con los que no se ajustan a la normativa.

La nueva ordenanza sustituye a otra similar que fue aprobada durante el transcurso del mandato pasado. Así, desde el Consistorio se explicó no se hacía referencia a las vallas que se encuentran en zonas que son competencia de otras administraciones, como es el caso de la Dirección General de Carreteras, o vulneraban la legislación relativa al patrimonio histórico. De hecho, la norma anterior daba un plazo de seis meses para retirar los soportes que no respetaban la ley, aunque, según explicó el edil de Urbanismo, Manuel Navarro, "no se ha encontrado toda la colaboración necesaria".

Por ello, en el texto inicial se estipula que los propietarios tendrán un plazo de un mes para realizar el desmontaje. Asimismo, se recoge la prohibición de colocar las vallas en suelo no urbanizable, en el casco de Mijas pueblo o en el suelo urbano catalogado como programado. De esta forma sólo se marca la posibilidad de que existan los soportes en zonas de dominio público o en establecimientos comerciales. "Queremos pasar de las más de 800 vallas ilegales que nos encontramos a un máximo de 120", explicó el concejal de Urbanismo. Una vez que la ordenanza cuente con el visto bueno definitivo se retirarán las vallas que no la cumplan en el plazo marcado, aunque Navarro adelantó que el coste de las operaciones necesarias se repercutirá a los propietarios.

Hay que recordar que en febrero el Consistorio mijeño adjudicó la explotación de las vallas instaladas en suelo de dominio público por un canon de 150.000 euros anuales. La empresa Galantis, adjudicataria del concurso, instalará en el término municipal un máximo de 80 soportes y el Ayuntamiento se reserva el uso de un 10% de las instalaciones para ofrecer información de interés general.