Moreno Bonilla pedirá una ley de punto final para viviendas irregulares

Cuatro son las prioridades del presidente del PP-A, Juanma Moreno Bonilla para solucionar la problemática de las viviendas en suelo no urbanizable que afecta a más de 250.000 familias en Andalucía. Cuatro iniciativas que llevará al Parlamento y que comienzan con la regularización de todas las construcciones que están en una situación irregular con la única excepción de aquellas que están en espacios especialmente protegidos. Dar respuesta y protección jurídica a todos los propietarios con una norma clara y segura sobre el valor patrimonial de sus viviendas. Y por último, "dar agilidad y ofrecer colaboración pública para tramitar la normalización de un control férreo del cumplimiento de la Ley".

El presidente de los populares tuvo ayer un encuentro en Torre del Mar con personas afectadas, miembros de la Asociación Save Our Homes Axarquía (SOHA), y la Asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No (AUAN) así como representantes municipales de la comarca para ofrecerles "un compromiso de solución para conseguir objetivos que sean razonables". Moreno Bonilla, quien definió la situación de las casas irregulares como "uno de los grandes problemas de Andalucía, y en especial de la provincia de Málaga", abogó por una "solución que sea justa y definitiva". En este sentido, se refirió a una "ley de punto y final". "Es posible hacerlo. Lo hizo la Comunidad de Madrid con un gobierno socialista. No estamos pidiendo una amnistía general, como nos acusan desde la Izquierda, lo que estamos pidiendo es una segunda oportunidad para los residentes y para los propietarios. Y tenemos margen legal para poder hacerlo", remarcó el dirigente popular, quien culpó a la Junta de Andalucía de haber estado "parcheando permanentemente las posibles soluciones que había a las viviendas irregulares".

Para Moreno Bonilla es inadmisible que los planes de ordenación urbano tarden de media siete en años en ser aprobados, y según afirmó, sólo un 15% cuentan con el visto bueno. Por lo que el 85% todavía están pendientes. Además tildó de "disparidad normativa" el hecho de que haya proyectos aprobados por la administración local y por las comisiones provinciales de urbanismo que chocan luego con la Junta de Andalucía. Una situación que a su juicio, provoca inseguridad jurídica tanto en los responsables municipales, como en los propietarios y en los promotores. "Estamos así no porque estos señores sean delincuentes o inconscientes, sino porque han actuado la mayoría de buena fe. Han comprado una propiedad pensando que todo estaba bien. Y el problema se ha agrandado por la falta de iniciativa y la falta de capacidad ejecutiva de la Junta de Andalucía. Los planes de ordenación urbana no han sido tramitados con rapidez y agilidad", manifestó Moreno Bonilla quien recalcó que esa inseguridad jurídica está llevando a que "fuera de nuestras fronteras, Andalucía sea muy tenida en cuenta a la hora de atraer inversiones".

"Para corregir los errores del pasado " en materia de protección de la legalidad urbanística, el dirigente popular propuso remitir en un plazo de dos meses, "porque no podemos esperar más", un proyecto de modificación de la ley actual para dar una respuesta rápida para las 250.000 viviendas que están en situación de ilegalidad en la región así como la modificación de la LOUA para solucionar el problema de la viviendas alegales que están consideradas asentamientos actuales.