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Muñoz legalizará el Banana Beach, el gran atropello de la era GIL

  • Modificará el PGOU entregado por el equipo redactor para normalizar tres urbanizaciones con 500 viviendas ilegales

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El Ayuntamiento de Marbella tiene previsto modificar el texto del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que le remitió el pasado viernes el equipo redactor para legalizar la situación de cerca de medio millar de viviendas que se mantienen fuera del legalización y entre las que se incluyen los 300 apartamentos del complejo Banana Beach, uno de los mayores atropellos urbanísticos de la era GIL. De hecho, esta promoción, levantada en los tiempos de Jesús Gil como alcalde, convirtió a Marbella en el primer ayuntamiento de España con una comisión de gobierno al completo condenada en firme por un presunto delito contra la ordenación del territorio.

Así lo anunció ayer la alcaldesa, Ángeles Muñoz, quien informó de que el equipo de gobierno estudiará las medidas necesarias para aprobar de forma provisional el planeamiento con la inclusión de las tres urbanizaciones habitadas que han quedado fuera del documento: la mencionada Banana Beach, las viviendas que se asientan sobre un yacimiento arqueológico en Río Real y una treintena de casas en El Alicate, en La Víbora.

El Consistorio analizará en las próximas semanas "todas las vías posibles" para incluir estas tres urbanizaciones y sumarlas a las 18.000 casas que serán normalizadas por el nuevo plan, que será sometido por segunda vez a aprobación provisional a mediados de julio para, posteriormente, remitirlo a la Junta de Andalucía antes de agosto. La Administración regional dispondrá de cinco meses para darle el visto bueno definitivo.

Según los cálculos del Consistorio marbellí, el PGOU podría estar aprobado a finales de 2009. La alcaldesa mostró su deseo de reunirse con la Consejería de Vivienda y Ordenación antes de la aprobación definitiva para trasladar sus razones para incluir estas tres urbanizaciones. "Este texto no pretende ser una amnistía ni un punto final. Hay muchas viviendas, más de mil, que no se regularizan, pero son inmuebles que no están habitados. Cuando hay propietarios detrás, hay que ser mucho más flexibles", añadió.

Muñoz expresó su confianza de alcanzar un acuerdo con la Junta, ya que "hablamos de tres promociones muy concretas. En el caso de Banana Beach se puede dejar para un posterior desarrollo al incluirlo dentro del área del polígono y en cuanto a las otras dos promociones, se estudiarán las posibles compensaciones al Ayuntamiento". No obstante, dados los antecedentes, no parece que este acuerdo sea sencillo, puesto que ya en marzo de 2005 la entonces consejera de Obras Públicas Concepción Gutiérrez solicitó la demolición de Banana Beach.

La regidora subrayó que el derribo de estos edificios habitados crearía alarma social y pérdida de confianza en las administraciones. "Entendemos que hay que hacer un esfuerzo" e incluir estas edificaciones en el sistema de compensaciones del PGOU. "Espero que podamos presentar los argumentos suficientes para que se apruebe esta modificación y la Junta esté de acuerdo", añadió, al tiempo que dijo entender los criterios del equipo redactor y del Gobierno regional, pero abogó por alcanzar un punto de entendimiento.

Además, destacó la importancia de las zonas verdes y de esparcimiento, así como la intención de la Administración autonómica de recuperar el frente litoral, pero "también hay que tener en cuenta que detrás hay personas. Aunque el urbanismo se pinta en plano, detrás hay muchos afectados y tenemos que defender sus intereses". En cuanto a las sentencias pendientes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para demoler varios inmuebles, Muñoz aseguró que cuando el PGOU se apruebe definitivamente, el Ayuntamiento instará a los promotores "para que lleven a cabo todas aquellas peticiones de ejecución de sentencia".

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