El Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Marbella, el documento llamado a facilitar la normalización de los inmuebles que se construyeron al margen de la legalidad durante los gobiernos del GIL, ha permitido legalizar un millar de las 16.500 viviendas que había en situación irregular cuando el equipo de gobierno, del PP, lo aprobó, hace tres años. Se trata de un número reducido de inmuebles, a juicio del PSOE, que ayer acusó a la regidora, Ángeles Muñoz, de mostrarse "condescendiente" con los promotores que "desfalcaron" el municipio. Ante la inacción que, a su juicio, muestra la regidora, el portavoz del PSOE, José Bernal, pedirá las actas de los acuerdos entre el Ejecutivo local y los empresarios para saber "con quién se ha sentado la alcaldesa y qué compensaciones ha pedido". Su dejadez, según el edil, provoca que los perjudicados sean los compradores que adquirieron sus casas sin saber que eran ilegales y los vecinos, a los que no se les ha compensado por haberles arrebatado suelo destinado a equipamientos públicos.