Salvemos La Sauceda

El cierre del núcleo recreativo de La Sauceda (Cortes de la Frontera), ha provocado que se cree un movimiento en las redes sociales que busca poder llevar este caso al Parlamento para poder solicitar la reapertura del mismo. De momento, unas 1.500 personas ya han firmado en el portal Salvemos La Sauceda que está activo en internet, mediante el que se están recogiendo firmas para solicitar que las instalaciones puedan volverse a abrir al público, entregando las mismas tanto al Ayuntamiento de Cortes de la Frontera, propietario de las instalaciones, como a la Junta de Andalucía.

El movimiento ya ha generado numerosos mensajes de apoyo a los impulsores de la iniciativa, que están dispuestos a continuar con la misma hasta lograr las firmas necesarias para que sea atendida su petición. En este sentido, según sus propios mensajes, sería necesario recoger casi medio millón de firmas, por lo que está pidiendo colaboración entre amigos y conocidos. Mientras tanto, en el decreto de cierre emitido por el Ayuntamiento de Cortes de la Frontera figuran los motivos que han llevado a la clausura de estas instalaciones turísticas, que hacen referencia a distintas denuncias sobre presuntas deficiencias en las instalaciones sobre el cumplimiento de diferentes normativas.

En el mismo, al que ha tenido acceso este periódico, se apunta como motivos a los resultados de una inspección de Turismo en la que se concluye que las instalaciones "no reúnen los requisitos exigidos por la normativa turística de Andalucía". Además, también se aduce una denuncia realiza por una patrulla del Servicio de Protección a la Naturaleza de Cortes de la Frontera, sobre presuntas irregularidades en materia de salud pública, medio ambiente y prestación de servicios turísticos en instalaciones municipales. A ello se une un informe del Servicio Andaluz de Salud que advertía sobre "irregularidades" en el abastecimiento de aguas de consumo humano en este núcleo recreativo ambiental. En base a estos argumentos, el Ayuntamiento de Cortes de la Frontera decretó el "cierre cautelar" de las instalaciones hasta que se produzca un pronunciamiento judicial.

El concesionario de las instalaciones rechazó realizar declaraciones sobre lo ocurrido, aunque fuentes próximas al mismo negaron que debiese cantidad alguna al Consistorio, como apuntó el propio alcalde de municipio, Antonio Granero, durante una rueda de prensa. Además, estas mismas fuentes apuntan a que las posibles carencias de las instalaciones deberían ser achacables al Ayuntamiento cortesano, al tratarse de unas instalaciones que estaban en régimen de explotación y no de arrendamiento del terreno. Mientras tanto, crece la sensación de que el cierre del poblado como alojamiento rural sea el fin definitivo del mismo, dado el creciente deterioro que está sufriendo.