La Asociación Salvemos Nuestras Casas Axarquía (Save Our Homes Axarquía) cree que la iniciativa promulgada ayer por el Consejo de Gobierno andaluz se ha quedado corta. A juicio de este colectivo que lleva más de una década trabajando por la regularización de las viviendas en suelo no urbanizable la declaración de asimilado no soluciona los problemas que tienen los propietarios en esta comarca malagueña, por lo que han pedido a la Junta de Andalucía que sea “valiente” con el reconocimiento de la figura de “legal fuera de ordenación”.

La declaración de asimilado fuera de ordenación (Dafo) de la que ayer daba cuenta el Gobierno Andaluz supone que los propietarios que viven en asentamientos (urbanizaciones irregulares) puedan acceder a servicios básicos pero siguen siendo irregulares. “Esto genera una confusión innecesaria al utilizar indiscriminadamente el término urbanización para referirse también a los asentamientos, mientras que existen muchas urbanizaciones que no han llegado al reconocimiento de asentamiento por falta de identidad”, se quejó el portavoz de Soha, Mario Blanke quien recordó que esta figura ya se recogía en el decreto de 2012.

“La vivienda que obtenía la calificación de Dafo tenía derecho al acceso a los servicios básicos o al registro, no así las viviendas recogidas en asentamientos que para su legalización (no regularización) tenían que esperar su inclusión en el PGOU. Visto los plazos interminables estas viviendas se quedaban sin suministros básicos”, explicó el portavoz quien comentó que esta nueva medida favorece sobre todo a Almeía, Chiclana, Córdoba o Jaén.

“La Axarquía no tiene este problemas porque la casi totalidad de las viviendas construidas en suelo no urbanizable cuentan con todos los permisos municipales y por lo tanto, al finalizar la construcción, han podido acceder a todos estos servicios básicos”, añadió Blanke quien insistió en que el colectivo lleva años luchando porque éstas se consideren legales fuera de ordenación ya que las compraron pensando que lo eran. Por eso, insistió en que hay que buscar una solución a las casas que han visto anuladas sus licencias a través de acciones judiciales de la Junta, “después de haber mirado a otro lado durante décadas”.