Vecinos esperan tras 14 años que se adapte su urbanización al proyecto
La comunidad alega una serie de deficiencias y la promotora cree que se ajusta a la seguridad

Los vecinos del residencial Jardines de Rubens llevan años de litigio con su promotora. El motivo es la solicitud para restaurar la urbanización al proyecto inicial, que data del año 2000. El presidente de la comunidad, Benedicto Manzanares, explicó a este periódico que hay una serie de cambios que no se ciñeron a lo acordado inicialmente y que afecta a zonas comunitarias, como los jardines o la piscina. El responsable señaló que se demandó a la promotora, Promosuite, para que "arreglara una serie de cosas que se deben por defecto de obra o incumplimiento sobre el proyecto original".
Manzanares enumeró una serie de cambios que para nada tienen que ver con el proyecto inicial. La piscina se hizo de forma diferente a la acordada, la primera planta -que da al jardín- quedó como planta baja mientras que en el proyecto venía como planta primera y el acceso al jardín no es el estipulado además de faltar una escalera que no llegó a edificarse. La comunidad decidió denunciar a la promotora y en 2008 la sección sexta de la Audiencia Provincial de Málaga dio la razón, en mayor parte a los vecinos.
La promotora decidió recurrir la sentencia y formuló una serie de recursos, lo que se elevó al Tribunal Supremo que intervino y dictó la suya. El citado órgano desestimó los recursos además de imponer las costas al recurrente. La sentencia se falló el 23 de noviembre de 2011. Desde entonces no ha habido ni un solo movimiento de ladrillo y tampoco han entrado las máquinas a la urbanización.
Un responsable de la promotora aclaró a este periódico que esos cambios se debieron a "motivos de seguridad". Así justificó el hecho de que la primera planta quedara como planta baja ya que fue necesario echar tierra para darle "más seguridad a la estructura del edificio. Fueron necesarios cientos de camiones que volcaron la tierra". El portavoz añadió que eso serviría para evitar filtraciones de agua procedente de un cauce. El mismo motivo argumentó para la piscina, que es 15 metros más corta.
Hace seis meses hubo una serie de intentos de acercamiento por lo que se presentó en el juzgado una petición para suspender el plazo de ejecución y hacerlo de forma amistosa. Transcurrido el tiempo, la comunidad recibió la semana pasada un documento "de escasa entidad jurídica" que recoge una serie de partidas, de mediciones y valoraciones y un planning de trabajo para acometer en el recinto. "No terminamos de verle luz a esto. Pienso que es una cortina de humo. Los papeles no tienen el nombre de la empresa, ni siquiera un sello", comentó Manzanares. El presidente calculó que la comunidad lleva gastados más de 100.000 euros entre papeleo, abogados y trabajos obligados a realizar en la zona residencial.
Tanto el jardín como la piscina muestran en la actualidad un estado óptimo en cuanto a mantenimiento e imagen. Los trabajos de restauración obligarían a un proceso de obras que tardarían 20 meses en ejecutarse toda vez que habría que levantar todo el jardín.
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