La atención que durante días despertaron los juzgados de Estepona por el caso Astapa, que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio, se trasladó ayer a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, donde prestaron declaración por orden de la instructora del caso, entre otros, el alcalde accidental del municipio, Rafael Montesinos (PA), y la coordinadora del área de Urbanismo, Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, Javier Rojo.

Otros que pasaron por las dependencias policiales fueron el gerente de Urbanismo del Ayuntamiento, Juan Manuel Ramos, y el abogado Ignacio Pérez de Vargas, miembro de la Fundación Antonia Guerrero, que impulsa la puesta en marcha de la Ciudad del Conocimiento. El martes a última hora de la tarde también declaró en la Comisaría el edil del PP Ricardo Galeote.

Montesinos, que asumió la Alcaldía en funciones tras la detención de Antonio Barrientos, ahora en prisión por este caso, llegó a la Comisaría a primera hora de la tarde y declaró durante aproximadamente dos horas ante los investigadores. Eludió en todo momento aclarar si acudía como imputado o testigo y se limitó a decir que estaba dispuesto "a colaborar con la Justicia en todo lo posible". "Lo más importante ahora mismo es garantizar el pago de las nóminas de los trabajadores municipales, que se van a cobrar a finales de esta semana", aseguró.

Por la mañana compareció ante la Policía Patricia Rojo, que prestó declaración como imputada en las diligencias, informó Efe. La coordinadora de Urbanismo permaneció más de cuatro horas en el interior de la Comisaría, de donde salió sobre las 14:30, acompañada por tres hombres. Abandonó las dependencias sin hacer ninguna manifestación y en el interior de un vehículo que estaba aparcado en un aparcamiento interior, evitando en todo momento al nutrido grupo de medios de comunicación que esperaban su salida.

Rojo fue propuesta por el PSOE en el anterior mandato de la Corporación de Estepona, cuando los tres partidos integrados en el pacto de gobierno -socialistas, Partido Estepona (herederos del GIL) e IU- diseñaron una Gerencia de Urbanismo mancomunada con responsables de los tres partidos. El representante del PES era Pedro López, ahora en libertad provisional bajo fianza de 300.000 euros y acusado por la juez instructora, Isabel Conejo, de cohecho y malversación.

Ignacio Pérez de Vargas prestó declaración durante aproximadamente seis horas. Fue otro de los que eludió aclarar si había comparecido como testigo e imputado. "Llevo muchos años en Estepona, tengo un despacho de abogados importante y he trabajado y trabajo en los proyectos más relevantes de la ciudad. Entre esos proyectos está el del centro comercial más grande de España, presentado recientemente, que se levantará en una parcela de 395.100 metros cuadrados, con 150.000 construidos. La inversión estimada es de 300 millones de euros.

Los testigos e imputados que han sido citados por la Policía Judicial declararán la próxima semana ante la juez instructora.