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El acusado de matar a un disminuido psíquico niega los hechos y dice que lo quería "como a mi abuelo"

  • Afirma que el otro se cayó por accidente y se golpeó la cabeza con un bordillo, tras lo que él quiso parar las convulsiones que tenía poniéndole el pie encima

El hombre acusado de acabar con la vida de un compañero en una residencia para personas con discapacidad intelectual del municipio malagueño de Vélez-Málaga ha negado los hechos y ha asegurado que a la víctima la quería "como a mi abuelo". "Yo no he matado a nadie gracias a Dios", ha declarado, explicando que el otro se cayó por accidente y se golpeó la cabeza con un bordillo, tras lo que él quiso parar las convulsiones que tenía poniéndole el pie encima.

Un jurado popular juzga desde este lunes a un hombre, que padece un cuadro de debilidad mental que le ocasiona trastornos de conducta, agravados por el consumo de alcohol y otras sustancias; se le acusa de, en marzo de 2013 y tras una discusión, asesinar a otro usuario del centro, que tenía síndrome de Down, al que presuntamente dio "varios golpes, que le hicieron caer al suelo, donde le dio fuertes pisotones".

En el procesado ha explicado que se llevaba bien con la víctima y que ese día le cogió para que fueran al salón de la televisión, pero que "le dio como una crisis y se cayó al suelo", golpeándose contra el bordillo. Asimismo, ha indicado que le puso el pie encima no para pisarlo sino para que "se le quitara el ataque". Ha asegurado que en el centro algunos usuarios tenían libertad para salir y sólo tenían que comunicárselo a los monitores.

La Fiscalía malagueña le acusa de un delito de asesinato, con la eximente de trastorno mental y solicita inicialmente que se le impongan al acusado seis años de prisión y seis años de internamiento para tratamiento médico o educación especial en un establecimiento adecuado a la anomalía o alteración psíquica que padece. Además, pide que indemnice a los familiares de la víctima con la cantidad de 10.000 euros.

La acusación particular, en representación de la familia del fallecido, solicita la misma pena de internamiento y de prisión, aunque eleva la indemnización a 70.000 euros y acusa a la entidad que gestionaba el centro como responsable civil subsidiaria, al indicar que "ningún cuidador estaba vigilando" en el momento de los hechos. El letrado del colectivo ha respondido que desconocían todo el historial médico del acusado.

El abogado defensor ha sostenido que su cliente "en ningún momento tuvo intención de causar daño" a la víctima, con la que no tenía problemas, al contrario, "solía cuidarle". Considera que no es autor del delito del que se le acusa y que no hay responsabilidad penal. Ha añadido que alternativamente se podría tratar de un homicidio imprudente, con la eximente de trastorno mental, caso en el que se le impondría cuatro años de internamiento.

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