"No voy a mantener en el ejecutivo local a ningún edil que no respalde nuestro compromiso de honestidad y transparencia y ampare conductas impropias de sus compañeros de partido". Así de claro se pronunció la alcaldesa de Benalmádena, Paloma García Gálvez, tras destituir de todas sus funciones al primer teniente de alcalde y concejal responsable del Puerto Deportivo y de Bienestar Social, Francisco Salido (UCB), el pasado martes, y ayer volvía a dar ejemplo con la destitución de la concejal de Seguridad y Festejos, Concepción Tejada (UCB), ante su falta de apoyo al proyecto de gobierno del PP.

Tejada votó el miércoles en las juntas generales de las empresas municipales del Puerto Deportivo y Provise en contra de la decisión de la regidora de cesar a Francisco Salido, así como a José Manuel López Merino -consejero de la entidad portuaria-. La propuesta de la alcaldesa fue respaldada por todos los miembros de las juntas generales a excepción de Tejada y del propio Salido, según informó en un comunicado el Ayuntamiento de Benalmádena. Posteriormente, la alcaldesa entregó personalmente el decreto de cese a Tejada en una reunión mantenida ayer. Además, también ha destituido, al igual que hizo con Salido, a todo su personal de confianza.

Tras esta decisión, la alcaldesa gobernará en minoría. Ahora, el PP gobierna con sus 11 ediles y uno de UCB, Juan Olea, quien se ha desmarcado de sus dos compañeros de formación y seguirá con sus responsabilidades de gobierno. La corporación está formada por los otros concejales de esta formación, Salido y Tejada; siete ediles del PSOE, dos de Izquierda Unida (IU) y dos no adscritos. La mayoría está en 13 concejales.

En referencia a López Merino, que fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 11 de Málaga a seis meses de prisión por un delito de intrusismo profesional al haber ejercido como abogado sin estar colegiado, el pasado martes García Gálvez manifestó que no permitirá "que ocupe ningún cargo en este Ayuntamiento cualquier persona condenada cuya falta de honradez profesional quede constatada", señaló. En el caso de Salido, indicó que "no puedo mantener la confianza en quien no es capaz de asumir ese principio, pretende amparar a un condenado y no atiende a una obligación tan claramente expuesta por la máxima regidora de este Ayuntamiento".

Los hechos juzgados se remontan a 2011, cuando Merino asistió en comisaría al marido de Encarnación Cortés, Alberto León, para lo que se hizo pasar por abogado y facilitó un número de colegiado, el 1777, que resultó ser falso. El acusado reconoció los hechos, procediendo a su inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo, que priva al penado del derecho a ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena, y para el ejercicio de la abogacía. La defensa anunció que pedirá la sustitución de la pena de cárcel por 12 meses de multa.