Los aprendices de Marbella

El Ayuntamiento de Marbella y sus empresas satélites debían de hervir en el invierno de 2003. La Fiscalía Anticorrupción hacía dos años que había comenzado a investigar el caso Saqueo, por el desvío de casi 23 millones de euros, unos meses después interpuso otra querella por lo que se denominó Saqueo II y apenas transcurridos un par de años comenzó a tirar del hilo de la operación Malaya. Julián Muñoz era entonces alcalde de Marbella. Hacía menos de un año que Gil había abandonado la Alcaldía, inhabilitado por el caso Camisetas, y le había dejado el sillón a su teniente de alcalde que pocos meses después ganaría las elecciones municipales para disfrutar de un brevísimo mandato hasta que fue desalojado del poder por la moción de censura de agosto de 2003.

En aquel ambiente en el que empezaba a aflorar la realidad oculta de Marbella también aparecieron los aprendices. El jefe de servicio del área de parques y jardines y dos empresarios están pendientes de juicio por idear un sistema para colar facturas presumiblemente falsas por importe de 147.306 euros a la empresa municipal Gerencia de Compras y Contratación Marbella. Esta sociedad fue la heredera de Contratas 2000, una firma disuelta por Jesús Gil en septiembre de 2000 y que constituyó la base del desfalco de Marbella. Gerencia de Compras asumió sus compromisos con los proveedores y funcionó irregularmente, según puso de manifiesto el Tribunal de Cuentas en un informe de gestión de los años 2004 y 2005 en los que hablaba de despilfarro en obras inacabadas y compras injustificadas. En este momento se encuentra en concurso de acreedores y con una deuda cifrada en cerca de 20 millones de euros.

Según el escrito de acusación emitido por la Fiscalía de Málaga, en el primer trimestre de 2003 los acusados José Antonio Cardos y Fernando Navas "urdieron un plan" junto al jefe del área de parques y jardines, Antonio Sarmiento, para "simular" la ejecución de obras y servicios para facturar a Gerencia de Compras y Contratación de Marbella por trabajos nunca realizados. Según el escrito del Ministerio Fiscal, Antonio Sarmiento, que había sido jefe de servicio desde 1995, elaboraba informes preceptivos previos a la realización de trabajos, proponía para su ejecución a las empresas de los otros dos acusados y después les daba el visto bueno a las facturas.

El escrito de acusación provisional precisa que Antonio Sarmiento realizó dos informes técnicos con fecha 16 de enero de 2003 dirigidos al teniente de alcalde delegado de parques y jardines. En uno le exponía la necesidad de acometer un tratamiento para eliminar una plaga de procesionaria en los pinares públicos del término municipal de Marbella, así como un desbroce selectivo del terreno para evitar el riesgo de incendios durante el verano. Además, le advertía al concejal que estas tareas debían realizarlas empresas externas porque el Ayuntamiento carecía del personal y la maquinaria suficiente.

El segundo informe urgía otro plan de choque contra plagas de pulgón, oidio y araña roja en árboles y arbustos públicos. Por estos trabajos, José Antonio Cardos elaboró una factura, emitida a través de la sociedad Aurecons, por valor de 32.046 euros. El dinero se ingresó en una cuenta de Cardos, de donde fue extraída en tres reintegros. Dos semanas después este acusado emitió otro cargo que ascendía a 35.588 euros a través de otra sociedad también inactiva.

El 27 de febrero de 2003 Cardos volvió a pasar a cobro otras dos facturas que en conjunto sumaban 48.541 euros, que también cobró Cardos. De acuerdo con la versión del fiscal, este acusado detraía una comisión del 4% antes de entregarle el dinero a Fernando Navas. En conjunto los tres imputados se hicieron, supuestamente, con 147.306 euros. El fiscal acusa al que fuera jefe de servicio del área de parques y jardines de Marbella y a los otros dos hombres de un delito continuado de estafa y otro de falsedad documental por los que le reclama seis años de prisión. Además, exige una multa de 12 meses a 30 euros diarios a Cardos y Pérez, así como otra multa de 24 meses a 30 euros para Antonio Sarmiento, para quien también exige seis años de inhabilitación.