"Tiene 10 años y vive en España. Todos empezaron el curso el 10 de septiembre, ella no. No ha podido preparar sus libros nuevos, ni su mochila ni su estuche. Es una niña brillante. Sí: de las de sobresaliente. Su delito: tener autismo". Son las duras palabras con las que Eva Reduello encabeza la carta lanzada en Change.org y dirigida a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para que interceda personalmente en la situación "desesperada" en la que se encuentra su hija y, por extensión, toda la familia. Anoche, al cierre de esta edición, la petición, denominada Un colegio para mi hija casi había alcanzado las mil firmas de apoyo.

La pequeña dejó de acudir al colegio Gregorio Marañón de La Cala del Moral el pasado mes de marzo tras una huelga iniciada por los padres de sus compañeros, que dejaron de llevarlos a clase ante las presuntas agresiones que sufrían por parte de la menor; previa comunicación a la dirección. Desde entonces, familia y Consejería de Educación iniciaron una serie de negociaciones para garantizar un centro para este nuevo curso escolar y unos recursos con los que se consiga que una situación similar no se vuelva a repetir; sobre todo por las consecuencias psicológicas que supone para la pequeña.

Con todas sus esperanzas puestas en los encuentros mantenidos, los padres han recibido, a través de su abogado, una carta de la directora general de Participación y Equidad de la Junta, Cristina Saucedo, con la que "nos cierran todas las puertas, por lo que nos hemos desesperado un poco", lamenta la madre de la niña, que explica se han "saltado todos los compromisos verbales" y que lo único que se consigue con el escrito es "volver a lo mismo, a no garantizar por escrito que los centros disponen de los recursos necesarios de atención para nuestra hija".

Educación le ofrece en el escrito siete centros cercanos al domicilio en el que vivían anteriormente -4 de capital y 3 de Rincón de la Victoria- y recuerdan que la edad de escolarización obligatoria abarca desde los 6 a los 16 años. "La relevancia de esta información reside en que a fecha de hoy la niña no se encuentra matriculada en ningún centro docente. Por ello, les reiteramos la obligación que tiene la familia de escolarizar a la alumna", consta en la carta; un recordatorio que vuelve a incluir al final del documento.

En la misma comunicación se les niega igualmente la atención educativa en casa solicitada por la familia, dado que insiste en que es una medida "de aplicación al alumnado escolarizado", y la pequeña no está escolarizada. Al igual que se les indica que el caso de su hija no puede ser considerado como una situación de acoso escolar, señalándoles que la Fiscalía archivó las diligencias. Aún así, la familia tiene interpuesta una demanda en el Juzgado de Menores.

Ya a principios del mes de septiembre, Educación les exigió la escolarización de la menor en uno de los cuatro colegios que hasta ese momento le habían ofrecido. En esa ocasión el escrito fue remitido por la directora del centro al que ha estado asistiendo la niña hasta el pasado marzo, siguiendo las instrucciones de la Delegación Territorial de Educación, y en el mismo se le advertía de la obligatoriedad de estar matriculada en un centro.

"La Junta de Andalucía no está para proteger los derechos de una menor, sino para amparar y justificar a profesionales que además de no hacer su trabajo discriminan y excluyen. Discriminar y estigmatizar es gratis y además es la niña quien paga las consecuencias. A fecha de hoy la consejería no ha dado respuesta a las necesidades de salud generadas en la niña ni soluciones", así acaba el relato en Channge.org de unos padres que ya no saben a dónde acudir en busca de una solución.