Las casas móviles, también conocidas como mobil homes, son el último boom de la construcción, un modelo al alza frente al encarecimiento de la vivienda tradicional. En Cártama, como en otros puntos de la geografía, suponen ya una opción habitual como segunda residencia por su movilidad y menor costo. Pero para el Ayuntamiento se están convirtiendo en un auténtico quebradero de cabeza porque están proliferando en suelos no urbanizables. “Antes, algunos hacían viviendas en un fin de semana; ahora, en un día, llega un camión o una grúa, descarga una casa móvil, la colocan y ya viven allí”, denuncia el alcalde, Jorge Gallardo.

La pretensión del Consistorio es “intentar atajar” esta práctica, que, matiza, “no sólo” se está detectando en el municipio “sino en todas partes”, aunque los responsables municipales rehúsan “hacer ruido” para no perjudicar su imagen. “El precio de la vivienda está dando lugar a que haya familias que tengan que buscarse la vida”, resalta el regidor. El módico coste de estas viviendas es una de las principales motivaciones. “Una parcelita les cuesta unos 50.000 ó 60.000 euros, que e suman a otros 30.000 que pagan por la vivienda. En total, tienen una casa medio decente por 120.000 euros”, detalla.

Buceando en internet ha descubierto “verdaderos chalets de hasta 90 metros cuadrados”. “Aquí hay de todo; quienes ponen un módulo o incluso dos”, remacha. En el caso de Cártama, la mayoría de los dueños ven en estas casas una alternativa vacacional. “El que se la compra busca tener una vivienda con barbacoa en el campo de cara al verano”, añade.

Los tribunales, sin embargo, se lo ponen cada vez menos fácil. La última sentencia del Supremo, dictada hace unos meses, obliga a los dueños de estos inmuebles a obtener una licencia urbanística por uso del suelo, al considerarlos asimilables a las casas prefabricadas y no a los remolques. Los jueces alertan sobre las consecuencias: desde el derribo de la vivienda hasta sentarse en el banquillo de los acusados.

El Ayuntamiento de Cártama mantiene activos “más de 1.000 expedientes” por construcciones ilegales de todo tipo de viviendas, con procedimientos administrativos abiertos a partir de obras sin las licencias o permisos pertinentes, o bien no cumplen con la normativa urbanística. Las mobil homes engrosan un nutrido porcentaje de esos trámites, que pueden llevar a sanciones económicas y, en casos graves, a la orden de demolición de la construcción. “Suele haber un aviso de un vecino de que otro está construyendo una vivienda de forma irregular en una parcela. Se denuncian entre los que construyen ilegalmente”, explica el máximo responsable, que asegura que el Consistorio sigue “trabajando” para resolverlos y, “si se puede se llegará a la demolición”. Un técnico, una administrativa y la policía local adscrita a la unidad medioambiental de vigilancia urbanística están dedicados a las labores de inspección del campo. Pero el regidor lamenta la “lentitud” del proceso y que “acaben prescribiendo” los casos que no se refieren a viviendas “especialmente protegidas” o construidas en zonas inundables.

El promotor que podría ir a prisión por instalar una prefabricada en suelo no urbanizable

Hace unos meses se hizo público el caso de un promotor que se enfrentaba a una petición fiscal de 15 meses de prisión por presuntamente ejecutar sin licencia municipal de obra y en suelo no urbanizable la instalación de una casa prefabricada, con porche cubierto, instalación de saneamiento a pozo enterrado y piscina portátil.

El ministerio público pedía que el acusado fuera condenado por un delito contra la ordenación del territorio y además de la pena de prisión solicita una multa de quince meses con una cuota diaria de diez euros e inhabilitación especial de profesión u oficio relacionado con la promoción o la construcción durante dos años, según el escrito acusatorio.

La advertencia de Alhaurín de la Torre: "Hay que informarse para evitar sanciones"

Cabe recordar que también el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, hacía recientemente un llamamiento a la población para que se informara en el Ayuntamiento antes de adquirir viviendas prefabricadas, dado que se han dado casos de infracciones y sanciones por no conocer bien la reglamentación fruto de “algunos engaños” por parte de los vendedores.

El regidor recordaba entonces que ese modelo de casas “debe cumplir con todas las normas y la reglamentación urbanística como cualquier otra”, por lo que tampoco pueden instalarse en suelo rústico o que no tenga la consideración de urbano, y también deben tenerse en cuenta los límites de edificabilidad de la parcela o solar en cuestión.