Una compañía de EEUU compra el edificio de Andalucía Lab

La Junta de Andalucía ha adjudicado la compra del edificio de Andalucía Lab, ubicado en Marbella, a una empresa estadounidense, la gestora de fondos W. P. Carey Inc. a través de su filial en España Inversiones Holmes. Dicha operación estaba incluida dentro de un paquete de venta de inmuebles a nivel regional por un valor total de 300 millones de euros. Los otros cuatro edificios asentados en la provincia de Málaga son la sede de la Delegación de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo tiene en la Avenida Juan XXIII, números 82 y 84; el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), en la calle Carretería, 7; un edificio de la Delegación del Gobierno en la Avenida de la Aurora, 56, y las dependencias de la Delegación de Fomento en la Plaza San Juan de la Cruz.

Esta fórmula de venta y arrendamiento permitirá a la Junta, según explicaron desde el ente autonómico, obtener liquidez sin renunciar al uso administrativo de los edificios ya que, en la misma operación de venta, se ha acordado su arrendamiento por un plazo de 20 años. Es decir, pese a que la propiedad y, por consecuente, el mantenimiento del edificio pasa a ser de propiedad privada, la Junta pagará un alquiler por el mismo, manteniendo parte del edificio, así como los servicios que en este se prestan.

En definitiva, se trata de un método, a priori, más económico, sobre todo en tiempos de crisis económica. Una operación que, sin embargo, el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Marbella, José Luis Hernández, ha calificado como "un absoluto despropósito que confirma el total abandono y desinterés del Gobierno andaluz por Marbella". "La Junta no solo no invierte en infraestructuras educativas, sanitarias o judiciales en la ciudad, sino que además se desprende de los pocos equipamientos que tiene", criticó. A juicio del citado edil, estas instalaciones no deberían dejar de ser públicas bajo ningún concepto.

De esta manera, Hernández recordó que en el pleno del pasado mes de febrero se aprobó una propuesta del equipo de gobierno instando a la administración autonómica a que diera marcha atrás a la enajenación del edificio "para que no cayera en manos privadas, como finalmente ha sucedido".

Por último, el concejal agregó que esta venta evidencia la política de "ineficacia, improvisación e incluso irresponsabilidad" del gobierno andaluz, "ya que el edificio pasa a manos privadas a tan solo dos años después de una inversión de cinco millones de euros para la reforma integral de sus instalaciones".

Por su parte, la Junta de Andalucía criticó, a través de un comunicado de prensa, las declaraciones del delegado municipal de turismo, y puso de manifiesto que "esta operación no va a suponer ningún cambio ni en la ubicación ni en el funcionamiento de Andalucía Lab", por lo que seguirá funcionando igual que hasta ahora en la ciudad de Marbella.

"Habría que recordar que fue la Junta de Andalucía la que decidió que fuera Marbella la sede de este potente equipamiento, con el que se refuerza la imagen de marca de la ciudad, no solo a nivel turístico, sino también a la cabeza de la innovación y la investigación de nuevos segmentos turísticos", puntualizó, a la vez que reiteró su disposición a seguir colaborando con Marbella en todas aquellas iniciativas que sean positivas para la ciudad y para el bienestar de sus ciudadanos.

Al mismo tiempo, y en relación a las críticas del citad edil, han puesto de manifiesto algunas de las inversiones realizadas en la ciudad por parte del Gobierno andaluz, como, entre otras, las incluidas en el Plan Turístico, el Plan Qualifica, el Parque Forestal de los Tres Jardines, la ampliación del Hospital Costa del Sol, el pabellón cubierto de Bello Horizonte o la piscina de Fuentenueva, infraestructuras deportivas construidas entre ambas instituciones.

En otro orden de cosas, tal y como ya anunció la administración autonómica, la Junta abonará por el alquiler de estos edificios, 70 en toda la región, 23,6 millones de euros anuales, a precios del mercado actual de alquileres. Por su parte, la empresa adjudicataria debe sufragar los tributos que gravan la propiedad (como el IBI), así como el mantenimiento estructural de los edificios.