El consejo social tendrá la última palabra sobre los rascacielos

Rascacielos en Marbella: sí o no. Esta decisión tendrá que adoptarla finalmente el consejo social de Marbella, un órgano que se constituirá dentro de un mes y que, entre sus primeras funciones, tendrá la de estudiar las alegaciones que se presenten al proyecto de edificios singulares propuesto en la ciudad. Unas alegaciones cuyo volumen se espera que sea bastante importante teniendo en cuenta el revuelo que está causando esta propuesta entre los vecinos.

Dicho consejo social, según explicó ayer la alcaldesa, Ángeles Muñoz, estará integrado por colectivos vecinales, colegios profesionales y distintas asociaciones. Sus integrantes serán los que tengan que estudiar las alegaciones que se presenten a la modificación del PGOU aprobada inicialmente por el equipo de gobierno y que permite la construcción de torres de hasta 150 metros de altura en determinados enclaves del municipio.

Según explicó ayer la alcaldesa la decisión se ha adoptado tras la polémica suscitada por este asunto en la ciudad que ha pillado, en cierto modo, por sorpresa, al equipo de gobierno. Muñoz aseguró ayer que era evidente que se iba a producir un debate si bien, las dimensiones que ha alcanzado, "no era el objetivo" que se perseguía, apuntó, y lamentó "la demagogia realizada por parte de la oposición que se empeña en alertar sobre un cambio de modelo de ciudad" algo que, según la alcaldesa "no responde a la realidad".

Todos los partidos de la oposición coincidieron en la última sesión plenaria en rechazar la modificación del PGOU al considerar que supondría trasladar a la ciudad el modelo de la costa levantina haciendo continuas alusiones a casos como el de Benidorm.

Desde el gobierno, sin embargo, el concejal de Urbanismo, Pablo Moro, explicó que los rascacielos se construirían solo en tres zonas concretas, se integrarán en el paisaje y destacarán por su carácter singular. Entre los objetivos de estas edificaciones, según el citado edil, se encontraría la de dinamizar las zonas en las que se instalen al contar con áreas comerciales en los bajos.

Ayer la alcaldesa insistía en que el gobierno "no tiene voluntad de aumentar el número de viviendas existente en la ciudad ni tampoco de incrementar la recaudación del IBI" motivo este, entre otros, por el que se ha decidido que no solo el gobierno resuelva las alegaciones que se presenten en el periodo abierto para tal fin, si no que sea el consejo social el que las estudie y se posicione en su calidad de órgano representativo.

Desde la oposición, mientras tanto, lo tienen claro. No quieren los rascacielos. No les valen los argumentos del concejal de Urbanismo. Tanto es así que el PSOE incluso ha recurrido a la Junta de Andalucía al entender que la modificación de elementos del PGOU aprobada en pleno supone un cambio estructural del documento. Los socialistas están dispuestos a parar estos proyectos como sea mientras que desde el gobierno les reprochan el hecho de mantener este argumento frente a las cámaras mientras que en los despachos, según Moro, fue el propio portavoz socialista, José Bernal, el que prometió a los inversores que apoyaría la iniciativa en el momento en el que llegase al poder.

Mientras la polémica se sigue alimentando en los círculos sociales y políticos los inversores siguen a la espera de una decisión definitiva del Ayuntamiento. Tienen el dinero y tienen los proyectos. Están dispuestos a ejecutarlos en el momento en el que vean la luz verde. Pero ¿quieren los vecinos este cambio en la fisonomía de su ciudad? ¿será tan malo como lo pintan? ¿causará el efecto pretendido? Será el consejo social el que, a la vuelta de las vacaciones de Navidad, tenga que plantearse estos y otros interrogantes antes de tomar una decisión.