Provincia

El dueño de la casa derruida dice que el plazo de demolición ha sido ilegal

  • La orden judicial apuntaba que la demolición debía hacerse en un día y se han empleado dos El coste del derribo es de unos 30.000 euros

Antonio Ramos, el maestro jubilado de 68 años cuya vivienda derribaron el pasado martes, denunció en el juzgado que el equipo de demolición seguía ayer trabajando en su parcela, cuando en la orden judicial para derruir la casa se precisaba que la acción sería efectuada "en un sólo día y en horas hábiles". Ramos, que pasó la tarde del martes en el calabozo tras ser detenido por interponerse entre la excavadora y lo que quedaba de su vivienda, recibió ayer por la mañana la llamada de un vecino, quien le alertó de que los operarios y máquinas encargados del derribo habían acudido de nuevo a su parcela para continuar el trabajo, al no poder concluirlos el día anterior por falta de tiempo.

"Yo tenía que ir al juzgado por la detención del martes, y en la misma mañana me avisaron de que las máquinas estaban otra vez en mi terreno, a pesar de que la orden judicial solo les daba un día. Así que acudí a la Guardia Civil con el documento, y un Equipo Básico de Inspecciones Oculares (EBIO) de la Benemérita me acompañó hasta allí y les dijo a los operarios que no podían continuar. Sin embargo, cuando salí del juzgado todavía seguían en la zona, de modo que mi mujer colocó el coche en la entrada de la parcela para que no pudieran pasar, y fue entonces cuando se marcharon. Parte de los escombros sigue ahí, y quiero que quede como un testimonio de esta injusticia", explicó. Injusticia, apuntó, a causa de que hay más de 4.000 viviendas en ilegales en el municipio, "y esta es la única que van a derribar".

A Ramos también le preocupa que las costas de la demolición, las cuales correrán a su cargo, aumenten a causa de que los operarios hayan tenido que invertir más horas en el derribo. Asimismo, achaca este desajuste a una falta de previsión por parte del Consistorio. Según le informó el Ayuntamiento, las costas del derribo podrían oscilar entre los 30.000 y los 40.000 euros, lo cual a Ramos le parece excesivo, por lo cual contratará a un perito "para que calcule el coste de la operación y lo coteje con las cifras del Ayuntamiento". Igualmente, adelantó que probablemente no pueda hacer frente a dicho pago, y teme que le expropien la parcela para saldar la deuda.

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