La Ley de Impulso y Sostenibilidad del Suelo de Andalucía (Lista) ya es una realidad tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el pasado viernes. Ya no admite cambios aunque los colectivos afectados sí pueden influir en la confección de los reglamentos. Es el caso del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (Gena-Ecologistas en Acción) que ha preparado siete propuestas “para paralizar el urbanismo ilegal en suelo no urbanizable” e” impedir que se reproduzca este fenómeno indeseable”, resumió su portavoz Rafael Yus, para quien la primera supone “rechazar este proyecto de modificación de la Loua".

“En cumplimiento del mandato constitucional de luchar contra la especulación urbanística, es preciso modificar ese mensaje tan demoledor para el conjunto de la sociedad, por el de la sostenibilidad, el cumplimiento de la legalidad y la lucha contra la especulación y la corrupción”, explicó. La Lista, entre otros cambios, agiliza los trámites urbanísticos para los ayuntamientos y simplifica las clasificaciones de los suelos que pasan a ser urbano o rústicos. Para estos, sólo se prohibe construir en los “especialmente protegidos”.

La nueva Ley urbanística andaluza resuelve la legalización para aquellos hábitats rurales diseminados, pero mantiene la figura de Asimilado Fuera de Ordenación (AFO) para las unifamiliares aislados como ya se recogió en la modificación de la Loua en 2017. “Hay que eliminar el plazo de prescripción de edificaciones y urbanizaciones ilegales en suelo no urbanizable, poniendo punto final a la tolerancia de esas prácticas edificatorias ilegales. Incluir las nuevas construcciones en parcelaciones, en la Lista de las que no prescriben”, sugirió Yus como segunda propuesta. La tercera de las medidas va dirigida a aquellos ayuntamientos que no apliquen la disciplina urbanística en suelo no urbanizable. “La Junta de Andalucía debería retirarles de forma automática las competencias y asumir su gestión”, reclamó el portavoz del colectivo.

Para ello - señaló la Junta de Andalucía reforzará sus estructura “para que además de las funciones inspectoras reforzadas, se aborden las actuaciones subsidiarias que los municipios son incapaces de efectuar”, expuso en su cuarta propuesta poniendo como ejemplos los desarrollos urbanísticos de asentamientos, los planes especiales en hábitats rurales, las reparcelaciones obligatorias de las parcelaciones ilegales, la inspección anual de las viviendas fuera de ordenación y asimiladas, o la demoliciones de las viviendas no legalizables.

En la quinta expresaron la necesidad de que la autorización para la construcción de una vivienda en suelo no urbanizable “debe basarse en una documentación – con un protocolo común en todos los ayuntamientos - que demuestre inequívocamente la necesariedad de tal actuación, entendiéndose como actividades propias del suelo no urbanizable, la explotación agrícola, ganadera o forestal y otras formas que no encubran otras funciones como la residencial sin relación con la explotación agropecuaria,segunda vivienda, o para alquiler”.

Los ecologistas también creen que es imprescindible crear un censo real de las viviendas y parcelaciones ilegales existentes en suelo no urbanizable en Andalucía, desglosados por términos municipales, que incluya: número de expedientes incoados y resueltos, número de viviendas demolidas, de las ilegales cuya infracción no ha prescrito, o de aquellas con resolución o sentencia firme de demolición que no se han ejecutado. También de las parcelaciones ilegales y de viviendas existentes que se verían beneficiadas de la propuesta de modificación del artículo 185 de la Loua.

Por último, piden que se modifique el Decreto 2/2012 por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos en suelo no urbanizable en Andalucía. “La mejor solución a la problemática de la regularización sería anular el propio decreto de regularización, por ser una amnistía urbanística encubierta y por no solucionar la problemática”, indicó Yus quien afirmó que el 85 por ciento de los ca