Nueve familias llevan ante el juez a un arquitecto por las grietas en sus casas

Nueve familias con 11 niños que residen en la urbanización Casasola de Cártama están inmersas en un procedimiento judicial contra el arquitecto que proyectó la construcción de sus viviendas -adquiridas en 2003- por no haber realizado, según precisó la portavoz de la plataforma de afectados y una de las demandantes, Andrea Gálvez, un estudio geotécnico previo a la edificación que fuera suficientemente exhaustivo como para conocer el comportamiento del terreno. Y es que, recalcó, el suelo no estaba preparado para soportar un gran tonelaje de hormigón armado.

Los vecinos, que están a la espera de que se fije la fecha de juicio, comenzaron a sufrir los primeros daños estructurales en mayo de 2012 y, desde entonces, las paredes no han dejado de resquebrajarse. Fue poco después, a comienzos de 2013, cuando denunciaron al arquitecto. Durante este tiempo, han presentado tres presupuestos encargados a distintas empresas especializadas en el reforzamiento de cimentaciones con un único objetivo: micropilotar las viviendas. "Se trataría de construirles una patas de hormigón armado que lleguen a una profundidad de 15 metros, de forma que atraviese la arcilla expansiva y se apoye en terreno duro. Las familias debemos poder descansar en paz", resaltó Diego Pacheco, uno de los afectados.

El arquitecto, por su parte, se mostró prudente al ser preguntado por este periódico puesto que el asunto está judicializado. Pero eso sí, destacó que son varias las partes implicadas y que existen "claras discrepancias".

Según uno de los propietarios, han sido dos las demandas que los vecinos han interpuesto, puesto que el tipo de construcción fue distinto entre las distintas casas. "El coste sería de 130.000 euros en el caso de cuatro familias y de 150.000 para las otras cinco. Ninguna de las viviendas se puede quedar sin reformar. El proceso es tan caro porque tenía que haberse hecho antes de construirse", apostilló.

La compañía del seguro del arquitecto les ha ofrecido, detalló Pacheco, 80.000 euros, cantidad que se niegan a aceptar. "Pretenden que hagamos de albañiles", aseveró. Por el momento, los técnicos han colocado fisurómetros en las viviendas, aunque las familias son conscientes de que cuando el movimiento "sea muy agresivo", tendrán que ser obligadas a desalojar los inmuebles.

Los juzgados número 2 y 14 de primera instancia de Málaga se han hecho cargo del caso. En su lucha por conseguir el micropilotaje, los propietarios cuentan con el apoyo de la Junta de Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento del municipio, que según explicó el alcalde, Jorge Gallardo, llevó a cabo un estudio para descartar que los problemas procedieran del acerado exterior colindante con las casas. "Facilitamos un informe con el que se consiguió avalar la mala cimentación de las viviendas, lo que da lugar a importantes grietas en salones, patios, escaleras, baños y porches. Cada día sufren más desperfectos y, si siguen aumentando, nos podría llevar a decretar el desalojo por su seguridad. Se han caído varios azulejos y molduras. Queremos evitar que haya riesgo de derrumbe", agregó el regidor, quien subrayó que la solución pasa ahora por el micropilotaje, pero que, si no se actúa, "sería imposible rehabilitarlas y posiblemente habría que demolerlas".

La situación es desoladora. "En verano, las viviendas se agrietan porque la arcilla, de lo que se compone el terreno, se seca con el calor. En invierno, la humedad se expande. Hay grietas a través de las que podemos darle la mano a los vecinos y pasarles un plato de comida. El único mal que hemos hecho es comprar estas casas", se lamentó un afectado.