Piden al fiscal que se pronuncie en 10 días sobre el caso de los sobresueldos en Mijas

El Juzgado de Instrucción número 1 de Fuengirola emitió el pasado 21 de enero un auto en el que solicita al Ministerio Fiscal que, en un plazo de diez días, se pronuncie sobre los hechos del conocido como caso de los sobresueldos del Patronato de Deportes de Mijas, empresa municipal ya disuelta, para solicitar la apertura de juicio oral contra los ex alcaldes Antonio Sánchez (PSOE) y Ángel Nozal (PP), entre otros investigados, por un presunto delito de prevaricación administrativa o el sobreseimiento de la causa.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Provincial a finales del año 2014 por el entonces coordinador local de UPyD, Antonio Ordóñez, para investigar las supuestas gratificaciones recibidas durante años por varios empleados municipales.

"El carácter irregular de dichos pagos, que no obedecen a trabajos efectivamente prestados, se pone de manifiesto en el examen de cuantías pudiéndose apreciar como las cantidades varían cada mes pero son idénticas en los mismos meses en años sucesivos", puede leerse en el documento, al que ha tenido acceso este periódico. Incluso se da la circunstancia de que dos de los investigados recibieron estas cantidades íntegras durante los meses que estuvieron de baja.

Según el documento, dichos cobros habrían sido presuntamente autorizados y consentidos por ambos ex alcaldes, Antonio Sánchez (de 2007 a 2011) y de Ángel Nozal (de 2011 a 2015), quienes habrían firmado las órdenes de pago "sin justificación alguna". En total son seis los funcionarios públicos investigados, que habrían recibido mensualmente unas cantidades que oscilan entre los 900 y los 1.600 euros, además de su sueldo, bajo la denominación "gratificaciones y servicios especiales".

El perjuicio patrimonial para el Ayuntamiento de Mijas asciende a un total de 721.155 euros desde 2009, año desde el que se ha iniciado la investigación, si bien la cifra asciende a más de tres millones desde 1986.

Entre los acusados se encuentran los antiguos interventores del Ayuntamiento.

"Las personas que actuaban como interventores en los periodos objeto de instrucción así como el tesorero, habrían percibido los llamados sobresueldos y figuran como investigados en la presente causa por prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, luego no se puede considerar que los mismos realizaran el debido control de la legalidad de dichas partidas y conceptos al ser destinatarios también de los mismos".