Los independentistas de San Pedro recurrirán el fallo al Constitucional

La Asociación Pro Independencia de San Pedro Alcántara (ISP) recurrirá ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Supremo que confirma el fallo que rechaza la segregación del núcleo poblacional sampedreño de la localidad de Marbella. Y, en caso de no obtener sentencia favorable, estudiarán acudir a la jurisdicción internacional, concretamente, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, según anunció el presidente en funciones del colectivo, José Luis Pérez Granados, en un comunicado de prensa. "En ninguno de nuestros pensamientos estaba recibir este fallo por parte de un Tribunal Supremo que ya en 2009 nos dio la razón y puso al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y al propio Gobierno andaluz, en su sitio, retrotrayendo, en sus justos términos, las actuaciones al momento de ser incoado el Expediente de Segregación", expuso. "Acatamos y respetamos la decisión de este órgano jurisdiccional pero, repetimos, parece empeñada la Justicia española en denegar derechos que, quizás debamos buscar en otros espacios menos contaminados de la política nacional", agregó.

En su escrito, acusa al Alto Tribunal y a la Junta de Andalucía de "conculcar el principio de legalidad y de seguridad jurídica recogido en la Constitución Española" así como de "resumir en menos de 15 folios, en los que olvida aplicar la Disposición Transitoria Primera, de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía". "Sentimos no haber conseguido aún este anhelo, pero tampoco nos planteamos un tiempo determinado para ser alcanzado. La tarea estará terminada cuando el mandato encomendado por los ciudadanos de nuestro pueblo haya sido plenamente conseguido", señaló.

La Asociación Pro Independencia de San Pedro Alcántara presentó en 1991 en el Ayuntamiento de Marbella el expediente para constituirse como municipio independiente, el cual se opuso a la mencionada segregación mediante acuerdo adoptado en sesión plenaria. Un año después tuvo entrada ante el gobierno andaluz, administración que decretó su caducidad en 1994 y su archivo. Esta decisión fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), por lo que recurrieron al Supremo, que en 2009 ordenó que volviese a comenzar de nuevo todo el proceso.

El nuevo expediente concluyó en 2011 con la desestimación por parte de la Junta, que denegó la emancipación del núcleo poblacional. Los independentistas recurrieron de nuevo al TSJA, cuyo veredicto también fue negativo, y posteriormente ante el Tribunal Supremo, fallo que se ha conocido ahora.