Un año y ocho meses después de la puesta en marcha de la operación Astapa continúan produciéndose imputaciones. Las últimas se dieron a conocer ayer mismo por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Los nuevos imputados, que se suman a los 63 existentes hasta ahora, son cinco personas que aún no han prestado declaración ante el instructor del caso, Jesús Torres, si bien alguno de ellos ya lo ha hecho en la comisaría de la Policía Nacional a lo largo de esta semana. Según ha trascendido, se trataría de personas relacionadas con otras ya imputadas en el caso si bien no se ha dado a conocer ni su identidad ni los presuntos delitos que se les imputan, información que no se podrá conocer hasta que pasen por sede judicial.

El caso Astapa se inició en junio de 2008 y ha supuesto la imputación de empresarios, trabajadores municipales, militantes de diferentes partidos y políticos, entre ellos 10 concejales de los cuales ocho se mantienen en el salón de plenos en el grupo de no adscritos tras haber sido expulsados de los partidos con los que concurrieron a las elecciones municipales de 2007.

De los ocho concejales imputados que se mantienen en la oposición, dos de ellos, José Ignacio Crespo y Manuel Reina (PES), estuvieron en prisión preventiva durante seis meses junto al ex alcalde, Antonio Barrientos, y el que fuera su jefe de gabinete, José Flores. El ex regidor y el ex concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, han sido las dos únicas personas con responsabilidad de gobierno que han abandonado su acta de concejal después de verse salpicados por la investigación.

En esta causa se investigan los presuntos delitos de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, malversación, fraude y falsedad en documento público, entre otros. El secreto de sumario del caso Astapa, hasta el momento, solo se ha levantado de los tomos I al XIII en dos partes, dejando a la luz que la investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por el actual alcalde, David Valadez y su compañera del PSOE Cristina Rodríguez ante la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía.

Una vez levantado el secreto, también trascendieron las conversaciones telefónicas en las que se negociaba la contratación de afiliados al PSOE en el Ayuntamiento, así como el uso de vehículos del depósito municipal por parte de cargos públicos, los intentos de adjudicación irregular de chiringuitos, los pagos exigidos a promotores para tramitar sus expedientes, el abono de cantidades a empresas relacionadas con concejales, el presunto desvío de dinero a través de familiares. El próximo 23 de febrero el instructor del caso tendrá que decidir si sigue manteniendo el secreto sobre las actuaciones o si bien lo levanta por tercera vez parte de las investigaciones realizadas para que las conozcan los encausados.