El Tribunal Supremo ha ratificado la sanción de cuatro meses de pérdida de empleo a guardia civil que compaginó sin permiso su trabajo en la Guardia Civil con el de adiestrador de perros en un centro canino de Torremolinos que dirigía.

La Sala de lo Militar del alto tribunal ha rechazado el recurso del guardia civil porque considera que ha quedado acreditada su participación como instructor en cursos de adiestramiento en las instalaciones del club, que era administrado por su mujer.

Según la sentencia, el agente no contaba con una autorización para conciliar su empleo de guía de perros en el Grupo Cinológico del instituto armado con el otro de educador animal en el Centro de Adiestramiento de Málaga.

El Ministerio del Interior denegó en marzo de 2012 la petición del agente para poder ejercer esa actividad privada sin contravenir la normativa de incompatibilidades.

Pese a la prohibición impuesta, efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil que realizaron en septiembre de 2015 la inspección de unas perreras en una finca de Torremolinos tras una denuncia del partido animalista PACMA le identificaron como usuario de una de ellas.

Las pesquisas policiales llegaron a constatar que esos habitáculos eran gestionados por el mismo Centro de Adiestramiento. Al mismo tiempo, los investigadores verificaron que el condenado actuaba "como adiestrador canino y figurando además como director del mismo (...) en la página web de la Asociación Nacional de Adiestradores Caninos Profesionales" después de "una búsqueda por internet de los enlaces recibidos por este centro".

La sanción, impuesta en enero de 2017, fue corroborada en noviembre del pasado año por el Tribunal Militar Central, órgano ante el cual el agente presentó un escrito anunciando un recurso ante el Supremo, cuyo tribunal de lo Militar lo ha desestimado.